El Intergrupo de apoyo a Palestina y Oriente Próximo del Parlamento Vasco va a acordar un texto en el que defiende que no entren en vigor las dos leyes israelíes que prohíben la labor humanitaria de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza y en Cisjordania, UNRWA, en Palestina y en Israel y reclama que este organismo permanezca en estos territorios.

La delegada de UNRWA en Euskadi, Bárbara Ruiz, ha mantenido este jueves un encuentro con integrantes de este Intergrupo y posteriormente ha comparecido en rueda de prensa acompañada de representantes de todos los grupos salvo PP y Vox.

Las dos leyes del Parlamento de Israel que prohíben la permanencia de esta agencia en el país y en los territorios palestinos entrarán en vigor el 28 de enero, lo que implica, según ha explicado Ruiz, que se creará una "situación catastrófica" porque "se pondrán en peligro" servicios esenciales como la Atención Primaria en salud y la educación.

Ha señalado que durante los últimos quince meses esta agencia ha gestionado seis millones de consultas médicas en Gaza, donde 650.000 niños "viven entre escombros", y que casi un millón de palestinos que se han quedado sin casa por la intervención militar israelí viven en sus refugios.

"El desmantelamiento de UNRWA dañará irreversiblemente el futuro de la población palestina y destruirá su confianza en la comunidad internacional y en cualquier proceso político que esta dirija", ha advertido Ruiz, quien ha alertado además de que "sienta un precedente terrible para futuros conflictos".

Por ello, tras mostrar su respaldo al alto el fuego en Gaza ha dejado claro que la ayuda humanitaria "debe seguir entrando de manera ininterrumpida y sin condiciones" y además debe avalarse el papel de esta agencia tanto durante el alto el fuego como de cara al futuro de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

El Intergrupo Parlamentario vasco se ha comprometido a recoger estas reivindicaciones en una declaración.

La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de seis millones de refugiados palestinos que viven en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. Israel ha justificado las dos leyes que cierran su actividad asegurando que unos 2.100 empleados de la organización pertenecen a Hamás, pero sin presentar pruebas contundentes.