EN el Reino Unido e Irlanda del Norte, los procesos autonómicos de basan en el concepto de devolución de competencias a los reinos que constituyeron el país. En teoría, como la Constitución británica se basa en la supremacía absoluta del parlamento de Westminster, pese a la devolución de competencias, éste debería conservar la soberanía sobre todo lo devuelto. Otra cosa sería un Estado federal en el que las instituciones centrales y las autonómicas comparten la soberanía.

No obstante, los procesos de devolución más avanzados, los de Escocia y, sobre todo, Irlanda del Norte, se encaminan irremisiblemente a una devolución del poder, pero en el sentido literal de la palabra y por encima de Londres. La Northern Ireland Act contempla no ya las competencias norirlandesas, sino las de Westminster y ahí se determinan una serie de excepciones y de excepciones a las excepciones. Además se contempla la posibilidad de que la Asamblea de Irlanda del Norte pueda modificar cualquier disposición realizada por una Ley, o al amparo de una Ley emanada desde el Parlamento de Westminster "en la medida en que sea parte del Derecho de Irlanda del Norte", con lo que se pone en entredicho la superioridad del Parlamento londinense.

Por contra Gales, casi sin competencias, sólo puede ejecutar las normas emanadas de Westminster, con una Asamblea galesa incapacitada para legislar en temas importantes, de ahí el deseo de ampliar su capítulo competencial.

En Escocia, su Asamblea sí tiene capacidad legislativa, pero ésta no afecta al poder del Parlamento de Londres para hacer leyes para Escocia, con lo que la Cámara escocesa queda claramente subordinada a la del Reino Unido. De ahí que los nacionalistas escoceses ven en la independencia la vía más directa para deshacerse de esa subordinación a la legislación del Reino Unido.