Corría el año 1901 y Bilbao se encontraba inmersa en una gigantesca evolución política, económica, social y cultural fruto de un desarrollo industrial sostenido en el tiempo. Hacía un cuarto de siglo que los Fueros de Bizkaia habían sido abolidos (1876) e instaurado el sistema del Concierto Económico.
Sin embargo, el mundo del Derecho que tenía que acompañar a ese proceso, se hallaba limitado por la ausencia de una universidad pública (la de Deusto había comenzado en 1885), de una Audiencia Territorial o de un Colegio notarial propio y acorde con la realidad del momento. Tan solo era un foco de interés jurídico el Colegio de Abogados creado en 1838 y con unas instalaciones ciertamente precarias e ínfimas en relación con la importancia de los asuntos que se llevaban en Bilbao.
Así las cosas, era más que evidente la necesidad de creación de foros de intercambio de opiniones y exposición de novedades jurídicas en un momento de gran efervescencia social como aquel. La Academia de Ciencias Médicas ya funcionaba y siguiendo su ejemplo, se decidió al amparo del Colegio de Abogados, la creación de una Academia de Derecho y demás ciencias sociales. Así, con ese nombre, lo que denotaba la preocupación por el cultivo del Derecho en conexión con las otras ciencias sociales y la ampliación de sus miras más allá del Derecho positivo, abarcando las transformaciones sociales del Derecho que se abría a nuevos campos como el del Derecho laboral, de gran incidencia en el Bilbao obrero e industrial de principios del siglo XX.
La creación fue solemne. La prensa de la época habla de un acto celebrado el día 30 de noviembre de 1901 en el salón de actos del Instituto de Bilbao –donde hoy está la plaza Unamuno– con la asistencia de los gobernadores civil y militar de la provincia, el arcipreste de Bilbao, el presidente de la Diputación y el presidente de la Audiencia, amén del alcalde y el secretario del Ayuntamiento de Bilbao, el presidente de la Academia de Ciencias Médicas, diputados provinciales, abogados, catedráticos y representaciones de los centro oficiales y públicos de Bilbao.
Parlamentos
Entre los diferentes parlamentos destacó el del decano del Colegio de Abogados, Benito Goldaracena, a su vez presidente de la nueva academia, que puso de relieve las razones de su creación: “Sería vergonzoso, señores que ese Bilbao que aparece como porta-estandarte de la acometividad para las grandes empresas industriales, mercantiles y financieras, mande á dormir á la inteligencia, domine nuestra voluntad como el hipnotizador que consigue apoderarse y esclavizar la conciencia del sujeto para moverle á su capricho. No, y mil veces no. Que todos ocupemos el lugar que nos corresponda dentro de nuestro sistema, y que, sino preeminencias á las que tenemos perfecto derecho, consigamos, cuando menos, afianzar para Bilbao una prudente y discreta armonía entre su nivel intelectual y el grado de desarrollo que alcance sus intereses materiales. Ese noble grito de protesta salió sin duda de los iniciadores del proyecto que esta noche recibe bautismo solemne, alentados por el ejemplo de otras iniciativas saludables que afortunadamente tienen asiento entre nosotros, y engendró la idea de establecer en Bilbao una Academia de Derecho y demás ciencias sociales con amplia base para el cultivo de dichas ciencias y la difusión de su conocimiento.”
Pronto se dio a conocer “la nueva Academia”, presidida por Goldaracena y con la secretaría de un conspicuo y joven liberal, Gregorio Balparda (1874-1936), activo jurista e historiador que alcanzaría desde un primer momento gran relieve social y político.
Fiel a sus compromisos, la nueva Academia se definió en el articulado de su Reglamento como: “Artículo 1º La Academia de Derecho y demás Ciencias sociales, tiene por objeto el cultivo de dichas ciencias y la difusión de su conocimiento. Art. 2º En el cumplimiento de estos fines habrá la tolerancia y el respeto que se deben á todas las opiniones y creencias sinceramente profesadas. Art. 3º Los medios ordinarios de cumplir los fines sociales, serán los siguientes: 1º La discusión de memorias, dictámenes é informes. 2º La explicación de conferencias. 3º La correspondencia científica con Asociaciones análogas. 4º La publicación de los trabajos que la Junta de Gobierno considere oportuna. 5º Los demás medios adecuados que la Junta de Gobierno crea convenientes”.
Comenzó sus pasos con la convocatoria de un concurso de monografías jurídicas que ganó el notario Hipólito González Rebollar, discípulo de Joaquín Costa, en la línea de las aportaciones del Derecho Social, con un extenso comentario sobre la Ley de Accidentes de Trabajo en 1900, tema central del momento. A esa monografía le siguieron las de otros autores, que fueron apareciendo progresivamente sobre temas como la mendicidad y la vagancia (1902), los Conciertos económicos, los delitos de sangre (1906) o las instituciones tutelares (1907).
El transcurso de los años y las vicisitudes de todo tipo hicieron que su presencia fuera diluyéndose, hasta que en 1929 se retomó de nuevo el funcionamiento de la Academia, esta vez bajo la presidencia de Gregorio Balparda y con unos estatutos renovados, aunque con un enfoque similar al de la primera época: “Artículo 1º La Academia de Derecho y Ciencias Sociales es una asociación de carácter cultural, patrocinada por el Colegio de Abogados de Bilbao, con personalidad jurídica propia e independiente, que tiene por objeto el cultivo de dichas ciencias y especialmente el estudio y difusión de las leyes morales y jurídicas que regulan el imperio de la justicia, rigiéndose en su funcionamiento por este Reglamento. Art. 2º En el cumplimiento de estos fines habrá la tolerancia y el respeto que se debe a todas las opiniones y creencias sinceramente profesadas y correctamente expresadas. Art. 3º Su domicilio social se halla en los locales que ocupa el Ateneo de Bilbao –Rodríguez Arias, 8– quedando la Junta de Gobierno facultada para trasladarlo a otro local dentro del término municipal, si así se estimare conveniente por cualquier circunstancia. Art. 4º Se procurarán obtener los fines sociales propuestos, mediante la redacción, lectura y discusión de trabajos académicos, las conferencias y publicaciones del mismo carácter, la institución de premios para estimular el estudio de temas que a la Academia le interesen, las excursiones y visitas a lugares y centros de cultura, el establecimiento de cursos y lecciones de vulgarización, la creación de seminarios, colaborando especialmente en la difusión de estas ciencias con los organismos oficiales y privados dedicados a la enseñanza, que requieran o acepten el concurso de la Academia”.
La sede estaba en el Ateneo de Bilbao, calle Rodríguez Arias 8, y sus actividades se realizaban de forma reglada a través de una lección inaugural del curso pronunciado por el presidente y luego diferentes actividades y conferencias para los socios a lo largo de ese curso.
El comienzo de la retomada Academia no pudo ser más brillante. Balparda, amigo y conocido de Ángel Ossorio y Gallardo, el jurista español del momento, organizó una Semana de Derecho en mayo de 1929 con un programa denso que fue seguido por la prensa con gran interés. No faltaron temas diversos de Derecho civil, mercantil, laboral e incluso de Derecho foral vizcaíno, donde Felipe Sánchez-Román Gallifa, catedrático de prestigio pronunció el día 10 de mayo una conferencia sobre La comunicación foral de bienes en el matrimonio vizcaíno.
Como colofón de aquella semana, en la Sociedad Bilbaína se ofreció un banquete al que asistieron los participantes en la Semana de Derecho y del que la prensa publicó incluso una imagen fotográfica.
Lo cierto es que la Academia de Derecho inició así una actividad que se centró, por medio de su presidente, en la publicación de una serie de textos que correspondían a las conferencias que diferentes personajes fueron dando en la Academia y que se concentraron sobre todo en el proceso estatutario vasco que la Segunda República llevó a cabo.
La posición de los conferenciantes no fue ciertamente favorable a la República ni, sobre todo, al proceso estatutario. De hecho, se centró básicamente en demostrar lo antiforal y lo antiespañol del estatuto, fustigando constantemente al nacionalismo vasco (“separatismo” se le llamó) en vivo contraste con juristas como Jesús María de Leizaola, nacionalista vasco que en esos mismos años se preocupó por difundir el sentido jurídico de los vascos en su Contribución de los vascos a la formación y a la Ciencia del Derecho (1937), texto de una conferencia dada en Juventud Vasca y que entronca con la línea de pensamiento de Manuel Irujo (Instituciones jurídicas vascas), Jesús de Galíndez (El Derecho vasco), Landaburu e incluso el propio José Antonio Agirre.
La guerra civil puso punto final a aquella iniciativa. El asesinato de Gregorio Balparda en pleno conflicto bélico, las depuraciones franquistas en el Colegio de Abogados y la concepción del nuevo régimen acabaron con aquella iniciativa que solo casi siete décadas después (2003) se recuperó en Bilbao en unas circunstancias muy diferentes.
Hoy, con un ámbito jurídico propio e institucionalizado en el mundo del Derecho en el País Vasco, la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademia ha recogido este testigo e intenta proyectarlo hacia el futuro con la colaboración de todos.
El autor: Andres M. Urrutia Badiola
Doctor en Derecho por la Universidad de Deusto.
Notario de Bilbao y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (1989-2021). Miembro y actual presidente de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademia y también miembro de número y actual presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia. Es codirector de la revista ‘Egiunea’, del Colegio Notarial del País Vasco.