EXPOLIO: Dícese del delito por la apropiación de un patrimonio de un individuo, institución u organización de forma violenta o injusta. Así, desde la clase más alta hasta el obrero fabril o el jornalero humilde notaron, también en su bolsillo, el desastre que supuso la Guerra Civil. La Doctora en Historia Contemporánea Ascensión Badiola Ariztimuño acaba de ver publicado su nuevo libro titulado precisamente de esa forma: El expolio. El subtítulo matiza aún mejor su estudio: La represión económica en la Guerra Civil en el País Vasco.

El tomo editado por Txertoa (Elkar Agitaletxea) pretende explicar de una forma sencilla cuáles fueron los mecanismos del aparato de represión económica franquista, que estuvo en vigor en todo el Estado, pero que tuvo también sus peculiaridades en el País Vasco.

Las 240 páginas de investigación dan a conocer el expolio llevado a cabo contra familias vascas. Una de ellas es la del alcalde nacionalista de Ondarroa, José María Solabarrieta Markuerkiaga, “sentenciado a perderlo todo” tras ver bloqueadas sus cuentas de forma definitiva en 1943. Según narra Badiola, al vizcaino no le pilló de sorpresa. Mientras preparaba su exilio definitivo a Venezuela, había reclamado su dinero a la Caja de Ahorros Vizcaína: “No nos es posible acceder a sus deseos, debido a que el saldo que arroja su cuenta está bloqueado”, le contestaron.

Antes de seguir profundizando en el caso del regidor ondarrutarra, cabe consultar a la autora del libro sus impresiones tras la publicación del libro que pone al expolio como una temática a no olvidar. “El caso de Solabarrieta no fue el único”, valora a DEIA y entra en harina: “Afectó, sobre todo, a quienes ocuparon cargos de presidente de la República, jefes del Gobierno, ministros, subsecretarios, presidentes de las Cortes, diputados a Cortes del Frente Popular, jefes y miembros de gobiernos autónomos, gobernadores civiles, embajadores, generales del Ejército enemigo, directores generales y alcaldes que estaban ejerciendo su cargo el 1 de enero de 1937, así como a quienes fueron aprovisionadores del enemigo, es decir, aquellos que proporcionaron armamento a los republicanos”.

La historiadora mantiene que la dictadura franquista tuvo una memoria que califica de “larga” y su “brazo fue implacable con los no afectos”. Además de los anteriores citados, Badiola no olvida a los cientos de familias que vieron desaparecer su patrimonio, tanto en bienes inmuebles como arte, joyas, oro o dinero, que fue robado y nunca devuelto. Los titulares de cuentas bancarias que fueron declarados improtegibles figuraban en una lista definitiva ya en 1943 y sus saldos, acciones y bienes bancarios de todo tipo fueron a parar a las arcas del Banco de España, “sin que ningún gobierno de la transición o posterior haya movido un dedo para reponer a sus propietarios lo que les fue expoliado durante la dictadura”, recalca. Badiola concluye taxativa: “La Ley de Memoria Democrática parece que tampoco va a reparar el expolio. Otra oportunidad perdida”.

Dejarle sin dinero a José María Solabarrieta Markuerkiaga no era suficiente castigo de los ganadores de aquella guerra. El recomendable libro informa, además, de que le impusieron a posteriori una “multa formidable”, que, “de no pagarse, iba a suponer la incautación de todos sus bienes inmuebles”.

La sentencia del tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de 22 de mayo de 1940 le condenó a perder todas sus propiedades por haber sido alcalde de Ondarroa y miembro destacado del PNV. La investigación sobre su patrimonio afloró la propiedad de dos fincas urbanas y la tenencia de participaciones en la industria conservera y en embarcaciones. Sin embargo, el Tribunal desconocía cuáles eran sus obligaciones familiares, con lo que no recibió ninguna reducción en la sanción y, como el sancionado se encontraba ya en el extranjero, le impusieron también la pena de extrañamiento por 15 años, además de inhabilitarle para ocupar cargo público o administrativo.

Su casa fue saqueada

Su nieta, María Esther Solabarrieta, que fue Diputada de Medio Ambiente y Acción Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia entre 1995 y 2003, asegura en el libro que “la casa del alcalde fue saqueada. La zapatería desvalijada. Todas sus pertenencias incautadas, su fábrica de conservas ocupada, su tienda y su Banco desbaratado, sus acciones y participaciones en los pesqueros y astilleros bloqueados. Se quedó con el cielo arriba y la tierra abajo. Como muchos”.

Respuesta de la Caja de Ahorros.

María Esther es nieta por vía materna de otro represaliado por la dictadura, el consejero socialista Santiago Aznar. En el caso de Solabarrieta –aitite paterno, José María Solabarrieta Markuerkiaga–, atesora una vivencia que le hizo ir hasta el presidente de la BBK entonces: Xabier Irala. “Fui con una carta de la Caja de Ahorros Vizcaína, así se llamaba, donde decía que los fondos que él tenía depositados estaban bloqueados. Es decir, estaban robados porque nunca lo devolvieron. Irala me dijo que era el caso de su familia y solo logré que en la colección de la BBK Temas Vizcaínos me editaran un librito con su biografía, que se titula José María Solabarrieta, De alcalde de Ondarroa (1931-1936) a presidente en el exilio del Centro Vasco de Caracas”, valora y va más allá en su opinión al respecto. “Los respetables Bancos y Cajas de Ahorro siguen siendo responsables de aquellos robos apoyándose en la dictadura, jamás han devuelto aquel latrocinio y en democracia nadie ha abordado en serio esta asignatura pendiente”.

En el caso de Solabarrieta también sufrió parte de esa “orgía” de latrocinio, violencia y muerte. Sus propios compañeros de Corporación, obedeciendo una orden militar, le usurparon su mandato popular. Había llegado la cruel dictadura del sanguinario Franco a Ondarroa, mientras la mujer del alcalde, Ezequiela Nicanora Urresti Bustindui, caminando por el monte y entre peñas, se vio forzada a dejar su propio pueblo.