Está por ver la afección del covid-19 en el voto, no solamente por los problemas derivados de la seguridad y el miedo, sino también por el enfado general contra la política. La imagen de ciertos partidos a torta limpia en el Congreso en una situación extremadamente complicada no ha sido precisamente gratificante. Pero estamos en Euskadi donde hay una conciencia clara -por el momento- de que se vota o se vota. Tenemos muchas cosas en juego.

Las encuestas parecen confirmar lo que ya se sabe en la calle: el PNV ganador con bastante ventaja, Bildu cabeza de la oposición, el PSE recogiendo los beneficios de gobernar en Madrid, y Podemos y el PP-Cs perdiendo.

Las alianzas para constituir gobierno tampoco parecen ser una incógnita, siendo la de PNV-PSE la más probable. Por números podrían ser otras, como la de Bildu, PSE y Podemos que tanto se empeña en defender la candidata morada, aunque los otros dos le digan que de eso nada. En un futuro no la descartaría. A saber, dónde estará Podemos, pero si entre las otras dos. También daría de sobra para la conformada por PNV y Bildu, aunque, hoy por hoy, quedan por despejar muchos aspectos de tiempos cercanos de violencia, así como lograr un acuerdo claro entre ambas para posibilitar el desarrollo de las justas reivindicaciones nacionales del pueblo vasco.

La campaña que comenzó el jueves es engorrosa para los y las candidatas, dada la dificultad de contactar directamente con la sociedad y sus militancias, sentir su pulso y contagiarse mutuamente de energía y confianza. Si es difícil transmitir ideas para captar el voto, ahora, teniendo que hacerlo casi mayoritariamente por los medios de comunicación, se complica llegar a muchas personas que no siguen a día los periódicos o las redes sociales.

Imposible no hacer una mención a otras dos cuestiones. La primera, defendida por Aitor Esteban, sobre la desclasificación de documentos hoy protegidos por la Ley de Secretos Oficiales por la que se podrán conocer antes documentos tan importantes como la actuación del Estado en el asunto GAL, segunda de las que hacía referencia arriba.

La cuadrilla PSOE, PP y resto de la españolidad más rancia han tumbado la posibilidad de aclarar las responsabilidades de uno de los episodios más sucios del Estado español. Al igual que exigen en otros casos, deberían condenar a quienes idearon aquel terrorismo de estado. No hacerlo podría llevar a pensar que están de acuerdo con la malversación o el asesinato con dinero público de unas 30 personas y otras tantas heridas, en los primeros años de gobierno de Felipe González, de 1983 a 1987.