El brote de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’, que deja ya tres trágicos fallecimientos obliga a dimensionar correctamente esta crisis sin caer en alarmismos infundados, puesto que su capacidad de transmisión por fluidos dista de emular a patógenos respiratorios como el del covid-19. Sin embargo, es precisa una auditoría de la gestión desde el inicio de la crisis en altamar. Se sugiere que las medidas de seguridad adoptadas por la naviera operadora, que permitió el desembarco de aproximadamente 30 viajeros en la isla de Santa Elena días después de certificarse la primera muerte y sin un control médico previo, constituyen una falta de diligencia. Una temeridad organizativa que podría haber devuelto a sus hogares a decenas de ciudadanos expuestos al virus, forzando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a improvisar a contrarreloj un difícil rastreo a escala internacional. Apoya esa hipótesis el contagio posterior de una azafata de vuelo de KLM que no viajó en el crucero.
La coordinación de los recursos y competencias implicadas (OMS, instancias europeas, autoridades estatales y autonómicas) debe ser absoluta e impecable. La gestión de una alerta sanitaria de esta magnitud no puede permitirse en ningún caso actuaciones unilaterales, torpes o carentes de planificación. En el caso del Estado español, el operativo técnico diseñado para fondear el buque en Canarias y la consiguiente evacuación de los 14 pasajeros españoles hacia Madrid deben ejecutarse con un rigor más concertado que las decisiones unilaterales que provocaron las fricciones entre ministerio y comunidad canaria que solo generan desconfianza ciudadana. El retorno e ingreso de estos pasajeros reabre también el debate sobre la obligatoriedad de acatar una cuarentena preventiva. Aunque desde el Ministerio de Sanidad se ha apelado al sentido común y a la responsabilidad individual, paralelamente se ultiman informes jurídicos para tratar de imponer aislamientos forzosos si hubiera reticencias. Conviene recordar en este punto el terreno legal deslizante evidenciado a raíz de las severas restricciones a la movilidad impuestas durante la pasada pandemia. Los tribunales reprocharon la falta un andamiaje legislativo más sólido. La protección de la salud pública es una prioridad innegociable, pero no improvisada.