La aprobación en el Congreso de la ley que endurece la respuesta penal a la multirreincidencia no es un simple giro punitivo más en el Código Penal. Debería ser la respuesta -tardía, pero necesaria- a un fenómeno creciente de pequeños hurtos y robos encadenados que alimentan la sensación de impunidad en muchas ciudades y barrios. La propia exposición de motivos reconoce que la reiteración de delitos leves genera alarma social y erosiona la confianza en el sistema. Hasta hoy, encadenar hurtos de menos de 400 euros apenas tenía consecuencias penales serias; ahora, a partir de tres condenas previas, esos comportamientos podrán conllevar penas de hasta tres años de prisión y medidas como prohibiciones de acceso a determinadas zonas o comercios. No hablamos de delincuencia violenta, pero sí de una realidad que vecinos y comerciantes conocen de sobra y que pesa -y mucho- en la percepción de inseguridad en la calle.
Desde las fuerzas de izquierda -salvo el PSOE- la única respuesta ha sido refugiarse en una postura ideológica que reduce el debate a una supuesta “concesión a la derecha” o al “relato de tintes racistas”. Sumar, Podemos o EH Bildu han justificado en ello su rechazo, como ERC su abstención. Pero si su receta para combatir el riesgo de esa deriva es la inacción o fingir que no hay problema vuelven a dejar ese terreno de juego precisamente a ese relato. Es preciso dotar al sistema de instrumentos eficaces que permitan evitar la asociación injusta entre delincuencia y población extranjera, persiguiendo conductas concretas y no identidades. La ley, por sí sola, tampoco bastará. El PNV, que respaldó la medida, la condicionó introduciendo enmiendas para reforzar plantillas y medios en los juzgados para que los casos de multirreincidencia se tramiten con agilidad y no se cronifique la sensación de desamparo. Endurecer las penas sin invertir en Justicia y en recursos policiales especializados sería solo un gesto simbólico. La implicación debe ser mayor y más honesta. Los hurtos reiterados erosionan la convivencia y la confianza vecinal y la ciudadanía necesita ver una respuesta proporcionada y ágil. Ese es el camino para desactivar los discursos que alimentan el odio. Entre el negacionismo buenista y el populismo punitivo hay un espacio de responsabilidad que la política debe ocupar.
