La unidad de investigación de la Guardia Civil (UCO) se ha convertido en un actor mediático y político en una espiral de informes y filtraciones que no beneficia en nada a su función en el modelo de máximas garantías que compete a una democracia. No es un fenómeno que se limite a este órgano policial ni al propio ámbito de la seguridad pública, en tanto la actuación de la Justicia viene estando sometida al mismo fenómeno de desgaste. Por voluntad o por omisión, los informes policiales son materia de especulación mediática, cuestionamiento judicial y se ven salpicados por una percepción de intención que no favorecen la debida imparcialidad. Hay precedentes de interpretaciones policiales que no han acabado respondiendo a la realidad de los hechos y errores contrastados que las conclusiones precipitadas restan fiabilidad y, sin ella, garantías. En democracia, el monopolio de la fuerza que el pacto social otorga a las instituciones comunes debe ejercerse con el máximo celo. A los cuerpos policiales se les otorga una presunción de veracidad que debe ejercerse por estos de forma exquisita y desapasionada, algo que no siempre sucede por un exceso de celo o por una contaminación ideológica. Pero las garantías debidas en la acción de los cuerpos policiales competen a la autorregulación, a la legislación y al control judicial. La primera no puede ser sustituida por un corporativismo que en el pasado ha dificultado o impedido clarificar los excesos cometidos en nombre del bien común -arbitrariedades, violaciones de derechos, desproporción...-. La segunda es materia pendiente en tanto persisten normas -secretos oficiales, ley mordaza- que los legisladores no han sido capaces de adaptar o, directamente, han preferido instaurar o conservar. La tercera es, en los asuntos más mediáticos, difícil de cumplir en tanto sus propios procedimientos sufren el lastre de la filtración pese a la obligada protección del proceso judicial y sus presunciones. Encarar estos extremos irá en beneficio de todo cuerpo policial homologado en democracia. Y permitirá combatir otras posturas que los ponen en el punto de mira por interés político. La seguridad pública es un activo colectivo y sus encargados, servidores públicos; empoderarlos pasa por otorgarles medios y cualificación y exigirles compromiso y controles democráticos.