SERÍA oportuno que el recurso anunciado por el Gobierno Vasco contra varios artículos y disposiciones de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno español permita el análisis jurídicamente razonado y políticamente razonable que no se hizo en su momento por sus promotores –PSOE y Unidas Podemos– y quienes lo abanderaron –EH Bildu y ERC–. El diagnóstico jurídico de los servicios legales del Ejecutivo vasco identifica las contradicciones de la norma y, pese a los eslóganes de sus defensores, permite visibilizar el modo en que la ley estatal irrumpe y condiciona la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, con ella, el propio equilibrio constitucional y la capacidad de autogobierno. Para hacer una reflexión sincera es preciso apoyarse en algo más que la mera negación o el discurso ideologizado sobre los objetivos de la ley que, por muy loables que sean en su enunciado, invaden y condicionan hasta límites que el Tribunal Constitucional ha rechazado en el pasado. Es significativo que los dos ejes que sustentan en la ley la acción unilateral del Estado se apliquen desatendiendo a la exigencia reiterada del Alto Tribunal de no excederse donde, como en este caso, el Estado carece de título competencial. Ni la unidad de mercado ni la igualdad de los españoles, definidas en diferentes apartados del artículo 141.1 de la Constitución del 78 se respaldan por el TC en diversas sentencias como razón para vaciar, o siquiera constreñir, la capacidad competencial de los gobiernos autonómicos ni impedir su libre configuración del régimen legal. La Ley de Vivienda lo hace y se asienta, pues, en una defectuosa práctica jurídica que ya fue advertida por el Consejo General del Poder Judicial preventivamente y desoída por sus promotores. Hay fundamentos sobrados para el recurso de invasión competencial y, ante él, se puede reaccionar con visceralidad o con voluntad de consenso. Otras situaciones de errónea aplicación práctica de una buena intención ya han sido afrontadas y corregidas en el pasado reciente y, en este caso, lo más leal por parte del Gobierno del Estado sería admitir y corregir errores en un diálogo de buena fe con el Ejecutivo vasco que no se produjo cuando debía. Sería indicio de que la nueva legislatura que quieren liderar Sánchez y el PSOE se sustentará en el consenso y no en la unilateralidad que alimenta el conflicto.