LA nueva marcha atrás protagonizada por el Partido Popular ha vuelto a frustrar in extremis un acuerdo ya muy avanzado e inminente con el Gobierno de Pedro Sánchez para proceder al desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años en funciones, lo que agrava sobremanera la delicada situación de la justicia en el Estado español, incrementa la polarización y la crispación políticas y muestra a Alberto Núñez Feijóo como un líder débil y desnortado. De hecho, es destacable que no ha firmado un solo pacto de Estado desde que es líder del PP. Las explicaciones del dirigente popular para justificar la ruptura de un pacto que debería considerarse prioritario y estratégico son también incoherentes. Todo indica que el ala dura del PP, con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza, ha forzado a Feijóo a romper las negociaciones. La excusa vuelve a ser la misma que lleva exhibiendo el PP durante los últimos años, bajo el liderazgo de Pablo Casado o de Feijóo: los acuerdos de Sánchez con el independentismo, las cesiones al PNV destinadas a “romper España” –la renovación del Cupo, la oficialidad de las selecciones vascas...– y, en definitiva, el “debilitamiento de las instituciones”. Con todo, el detonante de que el bloque más ultra del PP se haya impuesto de nuevo y de que Feijóo haya cedido a la presión ha sido la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición, el tipo penal por el que fueron condenados los líderes del procés. Esta reforma, sin embargo, es absolutamente necesaria para ajustar los hechos y su reproche penal que están incluidos en ese delito a la realidad y a las circunstancias actuales, así como su homologación con la mayoría de los países europeos, y era un compromiso público del Ejecutivo de Sánchez desde hace ya dos años. El PP, por contra, propone endurecerlo aún más. Se trata, por tanto, de un mero pretexto utilizado por el PP para evitar un acuerdo con Sánchez en un periodo preelectoral. En este contexto, el frustrado desbloqueo del Poder Judicial continúa siendo una necesidad urgente. La Comisión Europea ha vuelto a instar a la renovación “prioritaria” del CGPJ, cuya situación de interinidad afecta a la justicia en su conjunto y deteriora aún más su imagen interna e internacional. El PSOE y el PP son responsables de ello y están obligados, también por ley, a un acuerdo.
