EL 43º aniversario del Estatuto de Gernika es fecha propicia para analizar el autogobierno vasco a la luz de una mirada actualizada. Lo hizo ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, con su habitual sentido institucional y una profundidad de diagnóstico ajena a los vaivenes presupuestarios del momento en Euskadi y en el Estado. De su intervención es muy destacable el rescate de un aspecto de recorrido olítico muy potente, relacionado con la revisión del marco legal –algo que no ha podido acometerse en tanto incompleto el Estatuto vigente– para adaptarlo a realidades posteriores a 1979 –el marco legal y práctico de la Unión Europea y la participación en el mismo– o la mera actualización de sus contenidos, como han realizado sistemáticamente el resto de comunidades autónomas. El aspecto aludido es el relativo a la territorialización del poder judicial, aspecto que lleva al ejercicio efectivo de la jurisdicción natural para un marco jurídico propio como el emanado de las instituciones vascas. No se trata de rescatar modelos como el del Juez Mayor de Vizcaya, abandonado con el primer recorte del régimen foral en 1834, pero sí de constatar que los derechos históricos reconocidos en el ordenamiento vigente recogen un marco propio diferenciado por razón de la territorialidad. Lo que sí cabe plantear es una solución de compromiso para las carencias del modelo que impiden asegurar todo el recorrido efectivo de la tutela judicial –a la que también aludió el lehendakari– tras la renuncia explícita del Tribunal Constitucional a entender los litigios que confrontan el derecho vasco que emana de sus instituciones y la normativa estatal en el ámbito de las leyes y reglamentaciones básicas. Siendo estas de rango menor a la ley orgánica que es el Estatuto, inciden unilateralmente en muchas ocasiones sobre competencias de Euskadi, desnaturalizando el principio de jerarquía normativa y modificando letra y espíritu estatutarios con mecanismos recentralizadores. Si el autogobierno debe ser –como apuntaba ayer también el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza– “un pacto de reconocimiento mutuo de la diferencia”, habrá de estar sostenido por una bilateralidad efectiva entre Euskadi y el Estado en los aspectos que implican a ambos y una protección judicial suficiente de las competencias propias.
