LAS medidas anunciadas la pasada semana por Pedro Sánchez durante el debate de política general en el Congreso de los Diputados, dirigidas básicamente a paliar algunos efectos de una inflación desbocada, han vuelto a poner sobre la mesa el modo de actuación unilateral del presidente del Gobierno español. En su réplica, el portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ya afeó a Sánchez que las propuestas planteadas no habían sido ni consultadas ni mucho menos acordadas con sus socios, pero tampoco con las comunidades que, como Euskadi, tienen competencias en las materias referidas y que, por tanto, son quienes deben aplicarlas. Es el caso, por ejemplo, de los nuevos impuestos anunciados a las grandes empresas energéticas y a las entidades financieras o la gratuidad de algunos transportes, así como otras medidas sanitarias o educativas, como las becas. La cogobernanza de la que tantas veces presume Sánchez continua siendo una de sus asignaturas pendientes. Como lo sigue siendo también su concepción centralista del Estado y su absoluta desconsideración hacia el Estatuto de Gernika, como dejó patente durante el debate al permitirse rechazar las transferencias que reclama Euskadi. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, volvió a recordar ayer que Euskadi no es una “ventanilla” del Gobierno español y advirtió del “riesgo” que supone el anuncio de medidas por parte de la administración general de las que las comunidades tienen conocimiento por los medios de comunicación, lo que dificulta también la agilidad en su puesta en marcha y gestión, en referencia a las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, analizadas ayer en la Conferencia Sectorial. El Gobierno español parece más interesado en el efectismo que pueda provocar el anuncio de estas medidas que en la efectividad de las mismas, esto es, en la necesidad de que alcancen cuanto antes a la ciudadanía y las empresas. Es precisa una información transparente, diálogo, acuerdo y coordinación plena entre las administraciones central y autonómicas. Es decir, cogobernanza en los distintos ámbitos. Una de las claves está en la gestión de los fondos europeos y la nueva adenda del Plan de Recuperación y el fondo de inversiones y proyectos estratégicos, en los que las comunidades deben tener un papel propio y determinante.