LOS precios siguen desbocados al alza, según el avance del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de junio –que refleja en el conjunto del Estado un aumento del 10,2% interanual– porque se mantienen las circunstancias coyunturales que inciden sobre los suministros, el precio de la energía y su traslación a la producción y el transporte, pero a estos factores se empiezan a añadir reacciones clásicas de la ecuación económica que pueden dar lugar a una espiral alcista imposible de controlar. La tensión del mercado energético se ha incrementado este año por el alza de los precios de los hidrocarburos a raíz de las dudas sobre el suministro por la invasión rusa de Ucrania. Este factor añadido no es el detonante de la escalada de precios de la energía, pero sí está provocando que medidas que hace un año podrían haber servido para contener el impacto sobre los precios del mercado libre, hoy sean insuficientes en espera de que una adaptación real y profunda de los sistemas de generación y definición de tarifas pueda aplicarse cuando sea posible. Esto llevará tiempo y el equilibrio no está garantizado en el medio plazo. Pero, en el caso de la evolución de los precios durante este mes, se añaden nuevos factores y estos ya no están solo relacionados con la repercusión del aumento de costes por causa de los carburantes, sino también por un incremento de la demanda que durante este verano se augura constante. Efectivamente, los carburantes han jugado un papel sustancial de nuevo en el aumento de precios, pero junto a ellos adquieren ya un peso significativo los servicios vinculados a la actividad estival: hoteles, restaurantes y bares han tirado también de los precios al alza. Coinciden aquí el aumento de tarifas en el ocio y turismo porque los costes primarios se han incrementado, pero también porque la demanda creciente no tiene como prioridad discriminar el consumo en función del factor precio. Hay una objetiva voluntad de gasto en un amplio colectivo de ahorradores que no han visto afectada su capacidad adquisitiva en los últimos dos años de pandemia y que ahora está dispuesto a sacarse la espina. Entre las consecuencias de esta pinza, la más preocupante es el alza de la inflación subyacente –que descuenta energía y alimentos no elaborados– al 5,5% y que castigará por igual a todas las rentas.