Euskadi se enfrenta a una encrucijada eléctrica que pone en jaque su reindustrialización. El territorio afronta una restricción estructural en sus redes de distribución eléctrica que se está traduciendo en un racionamiento de facto para las nuevas conexiones. No falta energía, faltan "carreteras" para transportarla, lo que hace peligrar la viabilidad de proyectos de descarbonización, nuevas iniciativas industriales o ampliaciones de fábricas. Una infraestructura que se ha quedado pequeña y que choca contra un muro regulatorio en Madrid.
La red ha colgado el cartel de completo. Según los mapas de capacidad publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado mes de abril, la saturación en la CAV es crítica: Araba y Bizkaia presentan un 100% de nudos de distribución eléctrica sin capacidad, mientras que Gipuzkoa alcanza el 99%.
Falta sincronización en el sistema. Mientras se proyectan redes de transporte -gestionadas por Red Eléctrica-, la energía se atasca al intentar "bajar" a la red de distribución. Los datos del sector indican que apenas el 35% de los denominados "nudos frontera" en Euskadi disponen de capacidad. De poco sirve elevar la potencia general si el eslabón de conexión con las fábricas está estrangulado en zonas vitales como, por ejemplo, en Araba, Aiaraldea o los corredores del Puerto de Bilbao, donde la falta de refuerzo puede limitar crecimiento de capacidad.
Alianza estratégica
La normativa vigente establece un límite a las inversiones con derecho a retribución en redes eléctricas del 0,13% del PIB español, tope que el sector considera que restringe la modernización y expansión. El proyecto de Real Decreto publicado en septiembre de 2025 prevé elevar ese límite un 62%, sin embargo está todavía pendiente de aprobación. Su desbloqueo, según las compañías, es clave para alinear inversiones con la electrificación, potenciar inversiones anticipatorias, reforzar resiliencia y habilitar mayores partidas para la protección del medioambiente.
Ante esta situación, el Gobierno Vasco e Iberdrola comparten un mismo diagnóstico: es urgente una inversión masiva e inmediata en las redes para evitar que gripe el motor económico vasco. El actual límite del 0,13% es un palo en la rueda del reto de la descarbonización y tanto Lakua como la eléctrica reclaman la aprobación de ese decreto para habilitar un paquete de inversión que, solo en Euskadi, podría alcanzar los 1.300 millones de euros hasta 2028. Este plan de choque no solo busca tirar más cable, sino digitalizar la red de baja tensión para integrar el autoconsumo y asegurar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y ciberataques.
La crítica de la industria vasca apunta también a la planificación estatal 2025-2030. De los más de 13.000 millones de euros previstos en inversiones de transporte, apenas un 8,5% se destina al apoyo directo a la distribución. El Ejecutivo vasco considera que este reparto ignora la realidad de los centros de consumo y arrastra retrasos históricos en subestaciones clave.
La tesis de esta unión público-privada es clara: sin un marco regulatorio que permita a la red crecer al mismo ritmo que la ambición industrial del país, la infraestructura eléctrica se convertirá en el principal factor limitante de la competitividad vasca.
