Trabajadores de Tubos Reunidos se reunirán este miércoles 8 con la viceconsejera de Trabajo del Gobierno Vasco, Elena López Barredo, a la que pedirán la "implicación" del ejecutivo para resolver la crisis de la empresa, advirtiendo de que no van a rebajar su "nivel de exigencia".

El delegado sindical de ESK, Gorka Abascal, ha asegurado que acudirán a la reunión "con positividad, aunque con precaución", buscando respuestas sobre el estado de las negociaciones entre los gobiernos vasco y español y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con quien Tubos Reunidos tiene más de la mitad de su deuda.

"Vamos a dejar claro en la reunión que no vamos a ser moneda de cambio para negociar nada, porque sabemos la caradura que ha tenido Tubos Reunidos a lo largo de los años y cómo se le ha perdonado todo hasta ahora, poniendo el esfuerzo en los trabajadores para salir de las crisis", ha subrayado.

Abascal ha asegurado que por ahora no han visto "mucha ayuda" por parte de la instituciones, por lo que van a ser "muy críticos con la actuación política de las instituciones y vamos a poner el nivel de exigencia muy alto".

Ha asegurado que hasta el momento, lo que han visto son declaraciones de políticos como el vicelehendakari Mikel Torres, el consejero Mikel Jauregi o el diputado general, Ramiro González, que "están intentando frenar la impugnación judicial del ERE. Eso no es ayudar, eso es poner la soga al cuello".

Impugnación

Tres sindicatos, ELA, LAB y ESK, ya han anunciado la impugnación judicial del ERE, que prevé 242 salidas.

Abascal ha defendido esta impugnación ya que la crisis de la empresa viene porque "los actuales y anteriores gestores han demostrado ser un desastre interesado, ya que en los años de bonanza se han repartido  bonificaciones extraordinarias en vez de priorizar el pago de la deuda".

Tubos, ha subrayado Abascal, ha presentado unos resultados -118 millones de euros de pérdidas- "adulterados con el objetivo claro de demostrar una crisis mucho mayor de la real y justificar parte del ERE presentado".

Abascal ha recordado que en 2019 la deuda de la empresa era de 234 millones y en 2020 de unos 300 millones. Esos años todo era deuda privada; ahora de los 264 millones, 150 son todos de origen público, con la SEPI, "y algunos más si el Gobierno Vasco financió a la empresa".

Además de la deuda privada el principal acreedor es un accionista mayoritario de Tubos Reunidos, el BBVA, que ha logrado 10.500 millones de beneficios el año pasado, ha recordado.

De hecho, "parte de la financiación pública ha servido para pagar parte de la deuda privada con el BBVA", ha acusado Abascal.

Sobre la posición de la SEPI, Abascal ha opinado que, si no ve posibilidad de cobrar la deuda, "puede entrar en el capital de la empresa, en el accionariado, por el valor de esa deuda y gestionar su parte, fiscalizando así desde el consejo de administración la gestión financiera de la empresa".

En esta situación, Abascal ha concluido que los trabajadores tienen "muy claro que nos toca seguir luchando; se abre el proceso judicial, tenemos que seguir con la huelga indefinida y potenciar las movilizaciones".