El anuncio del lanzamiento por el Gobierno vasco, el pasado mes de marzo, de la Alianza Financiera Vasca, busca dar entrada al ahorro y la inversión privada de Euskadi para promover la reindustrialización de Euskadi y la consolidación del empleo, dos objetivos primordiales en una época, la actual, donde la economía se mueve por los impulsos bruscos de las relaciones internacionales y donde Europa, según los expertos, pierde comba respecto a Estados Unidos y Asia. Entre las nueve entidades firmantes de la Alianza está la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi (EPSV). En ella están insertas 68 entidades, con un patrimonio que rebasa los 30.800 millones de euros. Según los datos, un 6% de esa cantidad está invertida en Euskadi, principalmente en deuda pública, mientras que un 1,14% (unos 350 millones) lo está en empresas de la CAV siendo las más destacadas, además de las propias entidades financieras, Iberdrola, Tubacex, CIE Automotive y CAF. La Alianza pretende que se incremente la participación de ese ahorro privado en el tejido empresarial vasco, con la intención de fomentar una transformación del mismo.
El Gobierno vasco lanzó en marzo la Alianza Financiera Vasca, en la que también participa la Federación. ¿En que estado se hallan las conversaciones para que las entidades respalden los proyectos clave que busca el Gobierno vasco?
—Nosotros suscribimos el documento por el cual se constituyó en marzo la Alianza, que ha delegado en el Instituto Vasco de Finanzas la gestión. El IVF licitó un estudio para ver qué tipo de actuaciones son las pertinentes. Esperamos que ese informe esté listo después del verano y a partir de ahí podamos saber con mayor concreción qué tipos de proyectos son los que se quieren impulsar. Existen diversas especifidades por parte de los distintos actores, puesto que en la Alianza, además de las EPSV, están los bancos BBVA y Kutxabank, la sociedad de garantía recíproca Elkargi, las fundaciones de las cajas de ahorros... Todos ellos no tienen la misma política de inversión. Pero entendemos que el objetivo es posibilitar proyectos atractivos para las entidades que están ahí, buscando esa colaboración público-privada. Nosotros, como Federación, no invertimos. Son las entidades las que deciden como lo hacen, y existen muchos aspectos técnicos que cada entidad tendrá que analizar.
¿Cuáles serían los requisitos que deberían cumplir esos proyectos?
—La Federación va a trasladar la información y serán las entidades las que decidan, pero sí tenemos una serie de requisitos, y que pasan por el hecho de que la inversión que se plantee debe abordarse desde los parámetros de riesgo y rentabilidad, y luego tendrá que articularse a través de un activo apto. El Gobierno vasco tiene regulados una serie de activos que entiende que son aptos y que garantizan las prestaciones.
“Cada entidad tiene su propia política de inversión, pero los parámetros son siempre riesgo y rentabilidad”
¿Qué perfil de empresas resultarían interesantes para que entrara a participar el patrimonio de las EPSV de Euskadi?
—Siempre hemos dicho que la Federación, a priori y siempre que se respeten los criterios de riesgo y rentabilidad, lógicamente tiene interés en invertir en Euskadi. En la actualidad hay un 6% invertido en Euskadi, bien en empresas o en deuda pública. Las limitaciones no tienen que ver con el ámbito en el que se invierte, sino en el tipo de instrumento a través del cual se invierte, de forma que su elección proporcione ciertas garantías. Ahí serán el Gobierno y el IVF los que harán una criba previa de las solicitudes que se le planteen o de las oportunidades que encuentre. Como se habla de colaboración público-privada, da la impresión de que en todas las inversiones relativamente importantes va a haber una participación pública con una colaboración privada. Ellos van a definir el escenario. De todas maneras, hasta ahora las entidades también han estado buscando activos aptos e inversiones que respondan a su política, porque el patrimonio de las EPSV está invertido, no está metido en una cuenta corriente. Tenemos toda la voluntad de colaborar, pero lógicamente hay un tema clave: nuestro principal cometido es pagar pensiones, no fortalecer empresas. Esa es la realidad, pero a partir de ahí estamos abiertos a lo que se pueda plantear.
“Creo que está asumido por parte de los sindicatos que la previsión social no va en contra de la pensión pública”
¿Qué balance hacen de 2024?
—El año pasado fue un año bueno, con rentabilidades superiores al 6%. Se incrementaron el patrimonio, las prestaciones y las aportaciones. En 2024 se registraron 852 millones de aportaciones y 877 millones de prestaciones. Este año, de momento, continuamos bien. Pero, en ciertos sentido, sí diría que estamos un poco estancados. La penetración de la previsión social voluntaria no está incrementándose como nos gustaría. Las únicas entidades en las que hubo crecimiento de socios el pasado año fueron las de autónomos, que está recién iniciada, y la otra es la de Etorkizuna, similar a Geroa pero en Bizkaia. Es cierto que vamos mejorando, pero porque los que están dentro del sistema aportan cada año más y el patrimonio, si los años son buenos, incrementa su valoración. En la previsión social tenemos dos mundos complementarios pero diferentes. Por un lado, están las EPSV individuales, donde el socio aporta lo que quiere y cuando quiere. Y luego están las EPSV cuya actuación viene determinada por la negociación colectiva. Si por un convenio colectivo de carácter sectorial se acuerda integrarse en una EPSV, eso involucra a muchos trabajadores. Pero para que eso se incorpore a la EPSV lo debe pedir la parte sindical, porque la parte empresarial difícilmente va a incrementar un coste sin una petición por la otra parte. El problema está ahí. En los últimos años las peticiones sindicales han ido más por la línea de recuperar la pérdida de poder adquisitivo. De la negociación colectiva es de donde, a mi juicio, deberá venir la incorporación de trabajadores a una edad más temprana. A nivel individual, los socios se suelen sumar a partir de los 45 años, que es una edad en la que, por ejemplo, muchos ya han terminado de pagar la hipoteca. Pero, si está en un convenio, se suele incorporar cuando empieza a trabajar. Entendemos que para los agentes sociales es muy importante contar con un marco regulatorio amable, y la revisión fiscal en las diputaciones puede facilitar un escenario más propicio para sumar a ese colectivo de trabajadores.
“Estamos satisfechos con la revisión fiscal, propicia un marco regulatorio más amable para el ahorrador”
¿Están satisfechos con la propuesta de revisión fiscal acordada a nivel foral?
—A nivel general, estamos satisfechos porque que se ha reconocido una de las demandas que estábamos planteando, que es entender que la previsión social voluntaria, en su estado más genuino y que nosotros defendemos, es un sistema de protección social. La previsión social no se plantea ni de lejos sustituir al sistema público de pensiones. El objetivo planteado por el Gobierno vasco en 2006 a largo plazo era llegar al 75% de la población activa y que ese porcentaje tuviera una pensión complementaria del 20% del último salario. Eso equivaldría a generar un ingreso similar al de la época en la que el trabajador estaba en activo. Para eso se debe estar un mínimo de 35 años cotizando con un mínimo de aportación del 8% del salario. Por eso queremos sumar a la gente en edad temprana. Es una reforma que no castiga a nadie, sino que mejora la situación. Equipara la tributación a otros elementos, como fondos de inversión, que solo tributan por rendimientos, y no por el tipo general, sino en la renta del ahorro, que era otra reclamación que teníamos. Con la nueva revisión fiscal también se distingue rendimiento de aportación y se recuperan las deducciones en el Impuesto de Sociedades en función de la cantidad aportada.
¿Cree que, históricamente, se ha tenido la imagen de las EPSV como un instrumento de uso financiero en lugar de un sistema de protección social?
—Sí, yo creo que eso ha tenido un efecto positivo y negativo. Llevamos por los menos 15 años dándole la vuelta a esto y luchando por definir la previsión social voluntaria como un sistema de protección social. Aunque se mantiene la posibilidad del rescate, estos no son especialmente significativos.
“Parece que Euskadi se va a arreglar con el patrimonio de las entidades de previsión social, y no es así”
¿Se sienten ahora más respaldados política y socialmente?
—El tema de las pensiones está en el debate. Creo que a nivel sindical está asumido que la previsión social voluntaria no va en contra de la pensión pública. En Europa está mucho más desarrollada. Es un ahorro para la jubilación que se genera renunciando a parte del salario actual con vistas al futuro. Existe más preocupación social ahora con respecto a las pensiones. La Seguridad Social va a seguir pagando pensiones en 50 y 80 años, aunque podemos discutir cuanto. [A las entidades de previsión social] nos han puesto en el foco de todo. Parece que Euskadi se va a arreglar con el patrimonio de las EPSV, y no es así.
¿Cómo cree que puede afectar la rebaja de tipos de interés que está llevando a cabo el BCE en las rentabilidades de las entidades?
—Eso depende de como tenga cada entidad la inversión. La renta fija ya hace años que dejó de ser fija y la mayor parte de las inversiones están en renta fija-mixta. Eso depende de cada entidad. Nosotros tenemos muchas entidades que manejan un gran patrimonio y nunca hemos tenido nunca ningún problema de gestión o insolvencia. Eso habla bien de las gestoras y del Gobierno vasco, que lo controla. Es una vigilancia intensa y constante, pero es bueno que sea así.
