ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK han registrado este miércoles la convocatoria de huelga en los servicios públicos para el próximo 12 de marzo a la vez que han exigido una "creación y consolidación del empleo público" que sitúe la temporalidad "por debajo del 8%".

Tras registrar la huelga en la delegación del Trabajo del Gobierno Vasco en Bilbao, los representantes sindicales han desarrollado, en el exterior, una concentración de protesta. A la misma hora, se han llevado a cabo también concentraciones en el Hospital Santiago en Vitoria- Gasteiz y frente al Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa en Donostia.

Sin contactos

Según han denunciado los convocantes, dos semanas después del anuncio de huelga, y pasados dos meses después de la última jornada de huelga, ni el Gobierno vasco, ni Eudel, las Diputaciones Forales y la Delegación del Gobierno central "no se han puesto en contacto con los sindicatos" para conocer los motivos que les han conducido a ir a la huelga, cuando "son las instituciones responsables de las condiciones laborales de las y los empleados públicos".

En este sentido, han criticado que mientras las instituciones "obtienen recaudación récord y superávit presupuestario", la temporalidad "toca su techo histórico con un 44%" y la pérdida de poder adquisitivo "supera el 8% en los dos últimos años", estas "no muestran ninguna voluntad de apostar por los servicios públicos y las personas que los posibilitan".

Convocan una concentración el 5 de marzo

Por ello, han advertido de que "para cambiar esta situación y continuar con la preparación de la huelga", los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK -que representan al 80% de los trabajadores del sector- han llamado a los trabajadores del sector público vasco a concentrarse el próximo 5 de marzo en los centros de trabajo bajo el lema "Zerbitzu publikoak indartzeko, soldata eta enplegua hemen adostu". Además, pedirán a las instituciones "que apuesten en su ámbito por los servicios públicos y por el personal que lo posibilita".

Las centrales sindicales exigen "no aceptar límites del Estado, sin imposiciones ni vetos de Madrid", un 10% de incremento salarial y compromiso de recuperación de la deuda anterior, "cerrar la puerta a la privatización y acordar planes de publificación", así como la "creación y consolidación del empleo público, situando la temporalidad por debajo del 8%".

Otras demandas son "aliviar las cargas de trabajo garantizando la salud de las plantillas, consensuar políticas feministas, con planes reales y eficaces de igualdad, euskaldunizar a las administraciones y al personal y situar la reducción de jornada en la dirección de la semana laboral de 32 horas".