El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco dispondrá para el 2024 de 1.177,3 millones, un 6,1% más, un dinero con el que aspira a que se vea “el profundo cambio en las políticas activas de empleo y su calidad”, y del que más de la mitad irá a prestaciones sociales como la RGI, cuya base subirá un 5%. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, presentó ayer lunes en el Parlamento los presupuestos de su departamento para el año que viene, en los que ya no habrá el apoyo extraordinario que en los dos ejercicios previos han supuesto los fondos europeos.
Por eso, se asumirán con recursos propios proyectos que antes estaban financiados con fondos europeos, como algunos referidos a jóvenes y colectivos vulnerables. En este ámbito, el de la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de acceso al empleo, se inician dos nuevos programas ensayados como pilotos, para incorporar a 800 personas a través del arraigo social y el arraigo por formación. También entrará en vigor la Ley Vasca de Empleo, que supondrá la transformación de Lanbide en un ente público de derecho privado. Con esta Ley de Empleo se creará un órgano de evaluación de las políticas públicas de empleo e inclusión, una novedad que según Mendia va a permitir un seguimiento más preciso y una adaptación permanente de estas políticas, y que será un órgano independiente.
También con esta Ley se va a crear un fondo transitorio para los ayuntamientos de 1,27 millones para la elaboración de los planes locales de empleo. Otro proyecto piloto que se pondrá en marcha será el de innovación en la gestión de las personas, que analizará el impacto de aplicar la reducción de las horas de jornada laboral. Dicho proyecto supondrá una inversión de 6,5 millones en los tres años en los que se va a estudiar, de los cuales 2,5 corresponden a 2024.
En prevención de los riesgos laborales, Osalan dispondrá de 18,2 millones. Mendia resaltó que es un incremento del 4,2%, pero en términos reales es un 8,5% más, ya que han acabado las medidas extraordinarias para evitar contagios por covid en espacios laborales, y se aprovecharán esos recursos disponibles más el incremento global para reforzar otros ejes.
En cuanto a la previsión de prestaciones, alcanza el próximo año un total de 641 millones. Son 382 millones para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) –la perciben unas 54.800 personas-, 180 millones para el Ingreso Mínimo Vital -con unos 23.500 beneficiarios–, y 79 millones para la Prestación Complementaria de Vivienda. La primera novedad es la aplicación del nuevo indicador de referencia para fijar las cuantías de la RGI. La segunda será la entrada en vigor del Reglamento de la RGI que aclara y concreta los requisitos de acceso, y la tercera es que en abril entrará en vigor el decreto que regula el derecho subjetivo de vivienda.
Los datos
Semana laboral. El proyecto piloto de innovación en la gestión de las personas, que analizará el impacto de aplicar la reducción de las horas de jornada laboral, supondrá una inversión de 6,5 millones en los tres años en los que se va a estudiar, de los cuales 2,5 corresponden a 2024. Se realizará con la colaboración de Fabrika, Centro para la Transición Cultural de las Organizaciones impulsado por Adegi.
RGI. Una de las novedades es la aplicación del nuevo indicador de referencia para fijar las cuantías de la RGI, que supone un incremento del 5% en la cuantía base –será de 560,41 euros mensuales– sobre la que se fijan el resto de complementos. Sólo en los siete primeros meses desde la entrada en vigor de la nueva ley que regula la RGI, gracias a la flexibilización de los requisitos de acceso, se han podido incorporar 232 víctimas de violencia de género, 9 de trata y 5 de explotación sexual. Estas mujeres, con este nuevo modelo, tienen más facilidades para librarse de sus agresores porque reciben la RGI en un mes.
