La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, señaló ayer martes que los nuevos propietarios del Grupo Celsa “deben garantizar” la actividad, el empleo y la sede social”.
Tapia conversó este martes con el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, para conocer el estado de la situación en Celsa, después de que la semana pasada una sentencia de un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona diera vía libre a un grupo de fondos de inversión para sustituir a la familia Rubiralta como propietarios de la siderúrgica, al convertir 1.352 millones de deuda de Celsa en capital.
El grupo siderúrgico catalán tiene cerca de 500 trabajadores en Euskadi, repartidos entre Nervacero, ubicada en Portugalete , su principal acería, y lo que queda de la antigua Laminaciones Arregui, en Araba.
La consejera vasca recordó que la autorización definitiva para sustituir a los actuales propietarios todavía no está adoptada pero remarcó que los nuevos dueños tendrían que garantizar esa continuidad de las plantas y el empleo.
“Nuestro máximo interés es que en un futuro pueda existir un socio industrial que garantice que en el momento de salida de esos fondos podamos tener una continuidad industrial relevante y si es local mejor”, insistió. En este sentido, indicó que hay “algunos actores interesados” y confirmó que el Gobierno vasco continuará las conversaciones para que la solución definitiva para este grupo sea “la mejor posible, también para las plantas ubicadas en Euskadi”.
Por otra parte, al Gobierno no le consta confirmación de una posible salida a Bolsa de la compañía vasca ITP Aero, con sede en Zamudio para 2024, según manifestaron fuentes del Departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo a Europa Press.
La consejería de Pedro Azpiazu se refirió, de esta manera, a la información publicada en el diario Expansión en la que se recoge que Bain Capital Private Equity estaría estudiando adelantar a finales de 2024 o comienzos de 2025 la salida a Bolsa de la compañía.
Al respecto, desde el Gobierno vasco, accionista de ITP y con presencia en el consejo de Administración, no se ha querido realizar ninguna valoración sobre esta decisión ya que, según aseguraron, no les consta “confirmación”.
Esta información se produce tras los últimos cambios en el fabricante vasco aeronáutico con la entrada de Indra en su capital social el pasado mes de agosto después de que la compañía que preside Marc Murtra llegara a un acuerdo con Bain para la adquisición del 9,5% de ITP Aero por un importe de 175 millones.
Acuerdo con Bain
En septiembre de 2022 fue cuando se cerró el acuerdo por parte de Bain Capital, que lideraba un consorcio de empresas vascas y españolas compuesto por la guipuzcoana SAPA y JB Capital, para la compra de ITP Aero a Rolls Royce por un precio final que se aproximó a los 1.700 millones de euros.
En esa operación inicial no entró el Gobierno vasco que planteaba una serie de condiciones y fue en octubre de ese mismo año cuando cerró un acuerdo de inversión con una toma de participación del 6% en ITP Aero y presencia en el consejo de Administración.
El fabricante vasco anunció este mismo año un plan global de crecimiento tecnológico e industrial que incluye la construcción de un nuevo centro de I+D en Zamudio dedicado a la investigación en tecnología de fabricación avanzada, que supondrá una inversión de 24 millones de euros. Este plan también contempla un aumento de su plantilla este año de aproximadamente unas 400 personas e inversiones de alrededor de 10 millones en PCB de Barakaldo y Sestao.
ITP Aero registró en 2022 unos ingresos de 1.047 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% .
