El Gobierno ha aprobado este martes en la reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del euríbor, "preservando la estabilidad financiera".

Esta iniciativa, explica el Ministerio de Asuntos Económicos, se adopta "a falta de cerrar los últimos detalles" en la negociación que el Gobierno mantiene abierta con las patronales bancarias –AEB, CECA y UNACC- y el Banco de España con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2023.

Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al euríbor y el Ejecutivo opta por ampliar el catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares para que las familias puedan disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria "de forma efectiva" pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.

De forma específica se actúa en tres vías: se mejora el tratamiento de las familias vulnerables, se abre un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad y se adoptan mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

Reestructurar el préstamo

En primer lugar, se recogen medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para hipotecados vulnerables, aprobado en 2012, con el fin de adaptarlo a la situación actual, con lo que se da opción a reestructurar el préstamo con con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (euríbor menos 0,1 % frente al euribor más 0,25 % actual).

Asimismo, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que dediquen más del 50 % de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca, aunque no vean incrementada en un 50 % el esfuerzo hipotecario, podrán acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años.

Por ejemplo, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50 %, hasta los 246 euros.

Familias de clase media en riesgo

Se propone también un nuevo Código para aliviar a las familias de clase media, con rentas de 29.400 euros anuales, que se consideran en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, que les consume más del 30 % de sus ingresos tras una subida de al menos el 20 %.

Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Medidas adicionales

Por último, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.

Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos. 

Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha anunciado además la puesta en marcha de una nueva figura, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con el objetivo de incrementar la seguridad de los hipotecados y que tendrá capacidad sancionadora cuando se incumplan sus resoluciones.

En una entrevista en el programa "Las Mañanas", de RNE, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha apuntado que espera que pueda estar en marcha el próximo año para así poder resolver de forma ágil los conflictos "sin tener que acudir a los tribunales".

"Le vamos a dar competencia para resolver los conflictos que puedan surgir" y tendrá capacidad sancionadora cuando se incumplan sus resoluciones, ha detallado Calviño, quien ha remarcado que con esta figura se crea otra red de seguridad y otra medida de protección adicional para la ciudadanía.