A decisión del Tribunal Supremo de anular una disposición del Gobierno español sobre las nuevas autorizaciones de viñedo para cava amenaza con reabrir el conflicto que mantenían Catalunya, Extremadura y Comunidad Valenciana por esta cuestión, con las tensiones territoriales en España como telón de fondo.

La sentencia, según Efe, y contra la que no cabe recurso, da la razón a la Junta de Extremadura frente al Ministerio de Agricultura (MAPA): considera que el decreto 536/2019, tal y como está redactado, incumple la regulación comunitaria y viola las competencias autonómicas por dar demasiado poder al Consejo Regulador de la DO Cava.

Este órgano es acusado por parte del sector de favorecer el cava catalán frente al de otras comunidades; actualmente la DO cuenta con bodegas repartidas en siete autonomías (Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Rioja y País Vasco), aunque solo la comarca del Penedès aglutina cerca del 90 % de la producción.

Fuera de la disputa jurídica queda la cuestión de fondo. ¿Es conveniente aumentar la superficie de cultivo de viñedo para cava -como reclamaban los productores extremeños y valencianos en 2017, cuando comenzó la polémica- o es preferible restringirla ante el riesgo de que una mayor oferta derive en una caída de precios -como defienden los catalanes-?”.

Las reacciones al fallo reflejan una actitud comedida por parte de la mayoría de los implicados, en contraste con las declaraciones altisonantes vertidas en el pasado, cuando el desafío independentista vivía su momento álgido y la sensibilidad en cuanto a cuestiones territoriales era máxima. Entonces se intercambiaron acusaciones de boicot y el asunto se politizó.

“La sentencia apunta más bien a un defecto de forma; vamos a intentar solucionar los problemas de puertas para adentro”, aseguran fuentes del sector, que abogan por cicatrizar las heridas y no volver a los niveles de conflictividad viejos.

Uno de los argumentos que utilizan en la industria para explicar este ambiente de “calma tensa” es el contexto actual, marcado por una pandemia que ha golpeado con fuerza a la hostelería, un canal de ventas clave para el cava. “Tenemos un problema estructural, porque hay más oferta que demanda. Producimos unos 250 millones de botellas y cerca de entre 70 y 80 se han dejado de vender, con lo que se amplifica el problema”, señala un representante del sector vitivinícola en Catalunya.