Hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -entre los que destacan poner fin a la pobreza o reducir las desigualdades en el mundo-, en medio de una crisis económica derivada del coronavirus que está generando todo lo contrario puede sonar utópico pero la Diputación Foral de Bizkaia considera que hay que ir dando pasos en esa línea y para favorecerlos está dispuesta a incentivar fiscalmente a las empresas y contribuyentes que actúen en dicha línea.

En 2015 los principales líderes mundiales avalaron una agenda de diecisiete actuaciones con vistas al horizonte del año 2030, para proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La Diputación Foral de Bizkaia considera, según señaló el diputado general Unai Rementeria, que las próximas modificaciones fiscales deben estar orientadas a favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS definidos por la ONU.

Entre ellos, están cuestiones tan etéreas como la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades o alcanzar la paz en el mundo, y otras más concretas como conseguir generar energía sin contaminación, mejorar el saneamiento de las aguas, impulsar una industria innovadora o un crecimiento económico razonable.

En este sentido, Rementeria afirmó que la Diputación de Bizkaia apuesta por estas líneas de actuación "en un proyecto de largo recorrido que refrenda el carácter innovador de la institución foral y que ayudará a la transformación de Bizkaia porque no puede esperar".

Así, anunció que el Gobierno foral dará los primeros pasos para tramitar una norma, previsiblemente a aprobar en mayo, y que servirá como marco para las futuras reformas fiscales en el territorio foral.

Hablar de tocar los impuestos en un momento de acusada caída de la recaudación fiscal es algo delicado por lo que Rementeria recordó que Euskadi tiene pendiente realizar una reflexión en profundidad sobre los efectos que han tenido las últimas reformas fiscales, así como la elaboración de una propuesta de modificaciones tributarias que deberán ser debatidas por las tres diputaciones forales y el Ejecutivo de Lakua. La idea es fijar un calendario para que las futuras medidas fiscales puedan entrar en vigor en enero de 2022.

Bizkaia quiere ser pionera en el tratamiento fiscal de aquellas actividades o empresas que propicien los citados Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que están algunos como el de lograr energías no contaminantes, en los que trabajan, por ejemplo, algunas destacadas compañías vascas

El nuevo marco fiscal, que se quiere que sea "pionero", pondrá especial atención en aquellas medidas fiscales que colaboren a evitar el cambio climático, propiciando la transición energética, y el desarrollo de la industria «desde la óptica de la innovación, así como las relacionadas con el desafío demográfico que supone el envejecimiento de la población vasca.

Para presentar este nuevo proyecto la Diputación de Bizkaia contó con la colaboración de la economista italo-estadounidense, Mariana Mazzucato, profesora del University College de Londres, que intervino de forma telemática

Mazzucato es una persona que defiende un cambio en el modelo capitalista actual y un papel más activo de los Gobiernos en la economía, unos ejecutivos que desde los años 80 han pasado a un segundo plano permitiendo que las empresas dirijan y creen riqueza y que intervengan sólo para solucionar los problemas cuando surjan. El resultado, según Mazzucato, es que los gobiernos no siempre están adecuadamente preparados y equipados para hacer frente a las crisis.

La economista abogó por utilizar la fiscalidad como instrumento estratégico. En este caso, para incentivar que las empresas y los ciudadanos adopten medidas que contribuyan a alcanzar esos ODS.

En el turno de preguntas, la economista nacida en Roma y formada en Boston, se mostró favorable a la existencia de impuestos que «penalicen el uso de combustibles», pero advirtió que esto no puede ser una medida aislada sino que debe ir combinada con otras. Por ejemplo, con la "incentivación de aquellas vías que permiten abandonar el uso de los combustibles".

En cualquier caso, Mariana Mazzucato resaltó que es un "deber de los Estados poner en marcha medidas para conducir el funcionamiento de una sociedad hacia una estrategia de sostenibilidad".