Los comités de empresa de Matricerías Deusto y GTS, las plantas ubicadas en Zamudio que el grupo Gestamp quiere cerrar, han anunciado este viernes que la asamblea de trabajadores ha decidido iniciar una huelga indefinida a partir del 9 de octubre en defensa de los 230 puestos de trabajo afectados y en rechazo a una decisión que ven "desproporcionada" e "injustificable".
En conferencia de prensa en Bilbao, representantes de dichos comités, integrados por LAB y ELA, han reclamado también al Gobierno vasco que "se posicione claramente en contra de estos cierres". Según han dicho, "no es momento de ambigüedades ni de apelar al acuerdo entre ambas partes".
Los representantes de LAB Izazkun Olano y Moisés Muñoz han explicado que los comités acogieron con "sorpresa" e "incredulidad" la decisión de la empresa, que apeló a la crisis de la automoción y los resultados de los últimos tres años para justificarla, según han indicado.
Han precisado que la dirección les comunicó su intención de constituir la mesa de negociación en unos días -en torno al día 8 de octubre comenzarían las negociaciones- para proceder al cierre en un plazo de treinta días.
Según han considerado, se trata de una decisión "injustificable" ya que, por ejemplo, Matricerías Deusto tiene pedidos hasta la próxima primavera, aunque han denunciado que en los últimos tiempos ha habido "una desviación de cargas de trabajo" a otras plantas del grupo e incluso a troquelerías de Barcelona y Alemania ajenas a Gestamp.
En el caso de la ingeniería de troqueles GTS, "lleva desde el inicio de la pandemia en teletrabajo, sin parar, trabajando sin descanso", han expuesto.
Los representantes sindicales han señalado que "no es cierto" que Matricerías Deusto tuvo pérdidas en 2017 y han asegurado que GTS goza "de unas sanísimas cuentas de resultados". Según han dicho, el grupo ha tenido unas cuentas globales "espectaculares" en 2018 y 2019, "con ganancias de 219 y 253 millones de euros".
Los comités de empresa han afirmado que lo que ocurre en las plantas es atribuible a una "pésima gestión del negocio" y han acusado a la dirección de "incumplir" el plan industrial que acordó con los sindicatos, con vigencia hasta 2022, para garantizar el futuro de las dos plantas, ante lo cual han considerado que "la palabra de Gestamp no vale nada".
Ante esta situación, han instado al departamento de Promoción Económica del Gobierno vasco a dejar de hacer "propaganda vacía y barata" sobre la importancia de la industria y a hacer "más política industrial" para el sector de automoción.
Han preguntado, asimismo, a la consejera Tapia y al lehendakari Urkullu "cuál es su alternativa para estos trabajadores", a lo que se han respondido que "seguro que la alternativa es seguir subvencionando empresas con dinero público", en alusión a las ayudas públicas recibidas por Gestamp.
A su juicio, "es triste que una empresa como el grupo Gestamp reciba dinero público y cierre" plantas. Según han indicado, las instituciones públicas "jamás deberían permitir que empresas privadas financiadas con dinero público tomen decisiones tan traumáticas con los trabajadores".
"Tal y como ha dicho públicamente el lehendakari Urkullu no es legítimo recibir dinero público y anunciar despidos", han sostenido los representantes sindicales, que han defendido el trabajo que desarrollan las plantas afectadas y los productos que elaboran: "Tenemos unos niveles de calidad que todavía no se dan fuera", han afirmado.
