colectivo de empleados públicos Adostuz

Lakua negociará para resolver el conflicto por las primas de jubilación de profesores

Adostuz, que agrupa a 3.000 empleados públicos, desconfía y teme que la solución excluya a quienes ya están retirados

17.12.2019 | 20:44
Concentración de la asociación de empleados públicos prejubilados Adostuz, formada en su mayoría por profesores.

Adostuz desconfía y teme que la solución excluya a quienes ya están retirados

bilbao - El acuerdo sobre los presupuestos para el próximo año entre el Gobierno vasco y Podemos incluye un punto específico para intentar zanjar el conflicto que desde hace años arrastra la administración con el colectivo de empleados públicos Adostuz. Se trata de un grupo de casi 3.000 trabajadores prejubilados, en su mayoría profesores, que dejó de percibir en 2012 la prima por jubilación recogida en el acuerdo con el Gobierno vigente hasta entonces. El recorte, que el Ejecutivo de Patxi López adoptó para hacer frente a la caída de los ingresos por la crisis, sigue sin reponerse con una deuda acumulada que el colectivo estima en unos 180 millones de euros.

En los últimos años este grupo, liderado por Adostuz, ha ido intensificando la presión para lograr recuperar el dinero pendiente. Además de organizar concentraciones periódicas en Bilbao o Gasteiz, la asociación ha logrado impulsar una vía en el Parlamento Vasco para lograr su demanda. El pasado mayo salió adelante, con los votos de PP, Elkarrekin Podemos y EH Bildu, una proposición de ley para activar el pago retroactivo de las primas, a la que PNV y PSE se opusieron. En estos momentos hay dos enmiendas en marcha para levantar la suspensión de esta prima en los próximos presupuestos, pero los portavoces de Adostuz temen que la reciente alianza de Podemos con el Gobierno vasco fuerce una negativa de los morados a apoyar dichas propuestas. La posición de Lakua en este terreno ha sido nítida hasta ahora: devolver todo lo que reclaman los casi 3.000 empleados públicos de Adostuz resulta inviable en términos presupuestarios. Así lo expresaba el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, a finales de octubre: "Al Gobierno vasco le hace un roto", reconocía el consejero, que pedía entonces dejar de lado las reivindicaciones del pasado. "El pasado pasó, unos perdieron las primas de jubilación, otros perdieron el empleo y otros más cosas", instaba Azpiazu.

Con todo, el asunto ha estado presente en la mesa de negociación entre el Ejecutivo y Elkarrekin Podemos, colándose finalmente en el texto del acuerdo que fue dado a conocer ayer. El Gobierno se compromete a buscar una solución al conflicto, aunque no se dan detalles sobre la fórmula que se utilizará. De hecho, la propia redacción del punto en el que se recoge este compromiso es completamente abierta y poco precisa: "Se acuerda la apertura de una vía de negociación y acuerdo entre el Gobierno vasco y los sindicatos para desbloquear el conflicto sobre el recorte de las indemnizaciones por prejubilación de los empleados públicos", recoge el texto.

redacción "ambigua" Se plantea así una redacción "muy ambigua", explica a DEIA Luisa Calvo, portavoz de Adostuz, que según la agrupación "pretende excluir" a aquellos trabajadores que ya están prejubilados. Una especie de borrón y cuenta nueva que permitiría recuperar este derecho a los actuales funcionarios en activo, pero no a quienes ya están prejubilados. "Nos parece muy bien que se reconozca este derecho a quienes están trabajando, lo consideramos un fruto de nuestra lucha. Pero vamos a seguir peleando por recuperar el dinero que se nos ha retenido a nosotros", dice Calvo.

En cuanto al formato de negociación planteado en el acuerdo, que se canalizaría a través de los sindicatos, desde Adostuz se "agradece el respaldo" de las centrales sindicales vascas, pero se reclama un asiento también en dicha negociación. "Este tema se ha puesto sobre la mesa por la lucha que hemos impulsado nosotros", reivindica Calvo.

En números gruesos, los casi 3.000 funcionarios de Adostuz -además de profesores hay ertzainas o personal de Justicia y de Lakua- estiman una factura conjunta de unos 180 millones, a razón de 60.000 euros por afectado. Una cifra global que estaría claramente por debajo de los cálculos que ha hecho públicos el propio Gobierno vasco.

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