BILBAO - Las cuentas del Banco de España muestran que el déficit de la Seguridad Social se ha disparado por el crecimiento constante del gasto de las pensiones. Los ingresos del sistema por cotizaciones no cubren los gastos de los cada vez más numerosos grupos de personas que perciben una pensión con el resultado de que el citado déficit asciende a 7.027 millones de euros hasta agosto, el 43,6% más que en el mismo periodo de 2018, según los datos del Ministerio de Trabajo. Para intentar cuadrar las cuentas, Airef insta a que la edad de jubilación en España sea realmente la de 67 años. Y para incrementar los ingresos hay que observar la decisión que ha adoptado Japón, el único país del mundo con más esperanza de vida que el Estado español, y que no es otra que subir dos puntos el IVA.

Los datos no engañan. En septiembre el gasto en pensiones ascendió a 9.693 millones de euros, casi un 5% más que hace un año. Y sigue creciendo. La combinación de una tasa de paro alta, 13,8%; unos salarios bajos para las nuevas incorporaciones al mercado laboral; unas pensiones relativamente altas para las personas que se jubilan ahora tras una larga carrera laboral y una esperanza de vida creciente, 83 años, forman un coctel de difícil digestión para las cuentas públicas.

¿Qué hacer?. Pues para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), según su presidente José Luis Escrivá, la primera medida es hacer que la edad real de jubilación sea los 67 años.

Este año 2019 la edad legal ordinaria de jubilación es de 65 años y 8 meses (todavía se pueden jubilar a los 65 los que tengan cotizados al menos 36 años y 9 meses) pero la realidad, según los datos del INSS, es que los trabajadores españoles se jubilan a los 64 años y dos meses. Los casi 3 años de diferencia entre la edad real de jubilación y la teórica de 67 que se oficializará en 2027 supone pagar más tiempo pensiones y cotizar menos para las mismas con el consiguiente lastre para las cuentas públicas.

El máximo responsable de la Airef resaltó ayer en un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que además de la necesidad de profundizar en la reforma de las citadas pensiones del año 2013 para que la jubilación efectiva sea a los citados 67 años, pues permitiría corregir “más de la mitad del problema de gasto”, sería preciso ampliar el periodo de cálculo de las pensiones.

Toda la vida laboral La propuesta de Escrivá pasa por que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador, frente a los últimos 25 años que fijó la reforma de 2011, para calcular el montante de la pensión puesto que, en su opinión, según Europa Press, permitiría subsanar una “parte importante” del problema. Estas han sido algunas de las propuestas planteadas por Escrivá durante su intervención en los Diálogos Servimedia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, en el que aseguró que el déficit de las pensiones actual es “manejable” y consideró que el problema se deriva de una situación “contable y discutible”.

Escrivá indicó que si los ingresos por cotizaciones sociales solo se usasen para abonar prestaciones por contingencias comunes, y no, para otras políticas sociales que deberían asumirse vía Presupuestos Generales del Estado, se podrían corregir hasta dos puntos del déficit de la Seguridad Social. Asimismo, consideró que determinados “subsidios cruzados” tendrían que financiarse vía impuestos con las cuentas públicas, junto a costes administrativos del funcionamiento del sistema de la Seguridad Social, con un montante aproximado de 4.000 millones de euros. “Si lo trasladamos, no habría déficit y estaría en situación de equilibrio o ligero superávit”, afirmó.

De esta forma, insistió en la necesidad de “desviar el centro del problema y llevarlo donde están las palancas de actuación”, a través de un trasvase de los gastos impropios de la Seguridad Social al Estado.

Estas fueron algunas de las propuestas planteadas por Escrivá tras reiterar que el déficit de las pensiones españolas actual es “manejable” si los ingresos por cotizaciones sociales solo se usasen para abonar prestaciones por contingencias comunes, y no para otras políticas sociales que deberían asumirse vía PGE.

Japón sube impuestos Por su parte, Japón ha puesto en marcha una subida de impuestos para poder hacer frente al creciente gasto de pensiones de una sociedad cada vez más envejecida. En concreto ha elevado el IVA desde el 8% al 10%, una medida aplazada en 2015 por el temor de que la subida del impuesto al consumo arrastrase a la recesión a la economía nipona, tal y como sucedió tras la subida de la tasa al 8% desde el 5% en 2014, así como tras el alza de 1997, cuando se elevó desde el 3% al 5%.

El Gobierno de Japón calcula que la subida del IVA, la segunda en los últimos cinco años, permitirá elevar la recaudación en 5,7 billones de yenes (casi 50.000 millones de euros) al año.