bilbao - El Gobierno vasco pondrá en marcha el mes que viene, de la mano de las tres diputaciones, las entidades financieras y las EPSV, un nuevo fondo que posibilitará al sector público tomar participaciones en empresas privadas. Será un instrumento público-privado para “mejorar la competitividad” y “garantizar el arraigo” de los proyectos estratégicos en suelo vasco, explicó ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu. El fondo estará dotado con entre 200 y 250 millones de euros y ya tiene entre sus previsiones media docena de operaciones que se irán concretando en los próximos meses, aunque el Ejecutivo prefiere no desvelar aun qué empresas están implicadas.
El nuevo mecanismo de financiación fue anunciado el año pasado por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien ya avanzó la participación de las principales entidades financieras, el grupo Mondragon o Itzarri. Será un fondo de inversión constituido por tanto con dinero público y privado, que nace con la intención de contribuir al anclaje a Euskadi de las principales empresas vascas y, a la vez, impulsar su expansión e internacionalización.
Sería un modelo paralelo y, a la vez, más ambicioso que Socade, la sociedad de capital del Gobierno vasco que a comienzos del año pasado compró un 1,24% de la guipuzcoana CAF por 15 millones de euros. Aquel movimiento avivó el debate sobre la conveniencia o no de que la administración tome parte en empresas privadas en situación comprometida, caso de La Naval, cuyos trabajadores reclaman desde hace meses a los gobiernos vasco y español que aseguren el futuro de la empresa con dinero público. Un asunto, además, de gran controversia jurídica y que acaba topando con los límites del derecho comunitario, muy estricto en este terreno sobre todo si se trata de empresas en dificultades.
zegona en euskaltel También los cambios en la propiedad de Euskaltel, con la consolidación de la británica Zegona como máximo accionista, alimentan el temor a perder el control de una empresa clave para el tejido económico vasco. La puesta en marcha de este nuevo fondo llega precisamente poco después de que el Parlamento Vasco aprobara, con los votos de PNV, PP y PSE, una resolución instando al Ejecutivo a tomar medidas para que la operadora mantenga “el máximo nivel de arraigo” en Euskadi. En concreto, la iniciativa pide al Gobierno que ponga “todos los recursos a su alcance para que esta empresa tenga el máximo nivel de arraigo en el territorio vasco”.
Como explicó el lehendakari, el objetivo del fondo que echará a andar en julio es “garantizar el arraigo de las empresas en Euskadi”, de manera que se asegure la continuidad en la CAV de su centro de decisión y los puestos de trabajo y se evite la deslocalización. A través de la toma de participaciones se pretende “contribuir a la mejora de su competitividad en el mercado global, garantizando su arraigo y vinculación con el tejido económico productivo local”, indicó Urkullu en la presentación del nuevo consorcio científico-tecnológico Basque Research and Technology Alliance (BRTA).
A diferencia de Socade, este es un sistema que mezcla fondos públicos y privados. Ya el año pasado se confirmó la presencia de entidades como Kutxabank o Bankoa, aunque también se contempla la entrada de otros bancos como Santander o BBVA. Además, se ha confirmado la aportación del Grupo Mondragon y de las principales Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).
Mientras Socade está enfocada a operaciones de largo recorrido, este nuevo mecanismo de financiación busca realizar compras de acciones puntuales en empresas que lo necesiten en un momento concreto. Desde el departamento de Desarrollo Económico remarcan que no es un fondo de rescate pensado para reflotar empresas en crisis, sino que puede haber una toma de participaciones destinada a ayudar a una empresa que necesita liquidez para afrontar una inversión concreta o dar un salto a nivel internacional.
Por el momento no se ha aclarado cuál será el porcentaje mínimo y máximo de capital que se podrá comprar con este instrumento, que en global contará con un máximo de 250 millones. Hay ya sobre la mesa al menos media docena de posibles operaciones, si bien desde Lakua se opta por no anunciar las empresas que pueden estar implicadas hasta que el movimiento esté totalmente atado. Como en el caso de Socade, las administraciones llevan meses analizando propuestas y valorando ventajas y riesgos, aunque no parece que las primeras operaciones vayan a llegar hasta después del verano.
“Contamos ya con los estudios previos que nos van a permitir tomar participaciones en empresas vascas y contribuir con ello a la mejora de su competitividad en el mercado global”, señaló Urkullu.
