BILBAO. Usuarios de Lanbide en Bizkaia se han reunido hoy ante las oficinas centrales de la entidad en Bilbao para denunciar malas prácticas en la adjudicación de prestaciones, así como la suspensión de las ayudas alegando la existencia de posibles fraudes que les dejan sin dinero mientras se aclaran.

Los organizadores de la protesta han señalado que el fraude en la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no supera el 0,28 %; también han denunciado prácticas como la constante petición de documentación a entregar en un plazo de 10 días o procedimientos que no se amoldan a la normativa vigente.

El colectivo reunido ante las oficinas ha entregado además un documento en el que se recogen diferentes casos concretos, y algunas de las personas afectadas han acudido para hablar de su situación.

Javi Sierra, uno de los asistentes a la protesta, ha asegurado que "Lanbide no cumple su propia normativa, y la aplica de forma sesgada para recortar y vulnerar los derechos de las personas sin dar la cara por ello".

Sierra ha comentado que "hay miles de personas afectadas cada año por estas malas prácticas, básicamente desde que Lanbide comenzó a gestionar la RGI".

Uno de los afectados ha denunciado que solicitó la Prestación Complementaria de la Vivienda hace cuatro meses, y que Lanbide se la deniega por motivos falsos.

Así, el usuario ha señalado que desde Lanbide se ha puesto en duda la legalidad del contrato de alquiler que presentó, cuando se trata de un documento estándar hecho por una inmobiliaria. Además, ha protestado por la interpretación de Lanbide de que él mantiene una relación sentimental con su compañera de piso, sin apoyarse en ningún tipo de prueba.

El abogado que representa a algunas de las familias afectadas, Iñaki Carro, ha comentado que "desde la administración se vulneran derechos básicos, como el derecho a la presunción de inocencia, y se recurre sistemáticamente a la suspensión ante cualquier pretexto al que se puedan aferrar para alegar un fraude".

Carro ha comunicado que "solemos demostrar en tribunales que no ha existido una estafa, pero tardamos entre año y medio y dos años, y en ese tiempo la persona afectada no recibe ningún tipo de ayuda ni ingreso".

Así, el abogado ha puesto como ejemplo dos casos, uno en el que una mujer vio suspendida su ayuda por cambiar el método de pago del alquiler -pasó de hacer una transferencia bancaria a entregar el dinero en mano a la casera- y uno en el que Lanbide exigía al usuario un documento que ya había sido entregado en tres ocasiones.

Según ha manifestado Carro, en ambos casos Lanbide procedió a suspender automáticamente la entrega de las ayudas, sin molestarse en comprobar si había existido un fraude o si se había entregado el documento pertinente, y los afectados pasaron un periodo de un año o más sin percibir ayudas hasta que se resolvió la situación.