BILBAO. La consejera vasca de Empleo, Gemma Zabaleta, anunció en el Parlamento de su intención de poner en marcha Lanbide el próximo enero días después de haber recibido el informe de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco que criticaba el "apresuramiento" con el que el Ejecutivo estaba actuando.

Zabaleta compareció el 5 de noviembre en la Comisión parlamentaria de Presupuestos para dar cuenta de los recursos de su Departamento. La consejera confirmó, como ya había anunciado en septiembre el propio lehendakari, que su intención era abrir el Servicio Vasco de Empleo el 1 de enero, el mismo día en el que estaba previsto que se oficializara el traspaso de las políticas activas de empleo. Días antes de aquella intervención en la Cámara, la consejera, como el resto de miembros del Gabinete López, recibió el informe que había elaborado la Oficina de Control sobre los Presupuestos de su Departamento.

Zabaleta lo ignoró, intentó acelerar la resolución de las cuestiones técnicas que han frustrado a la postre el arranque del Inem vasco y apostó por una figura jurídica -entidad pública de derecho privado- que también ha sido criticada por la Oficina de Control.

El Gobierno vasco ha fiado gran parte de su capital político a la transferencia de las actividades formativas del Inem y forzó la maquinaria para conseguirlo antes del 31 de diciembre sin tener en cuenta las dificultades que entrañaba. Todo ello a pesar de que era un secreto a voces. Más realista, el Ministerio nunca se atrevió a dar fecha al traspaso. Mientras que los trabajadores del Inem que han participado en el ajuste de las cuestiones técnicas aseguraban que era materialmente imposible que el sistema fuera operativo aunque el cambio se produjera en las fechas que deseaba el Gabinete López.

Incluso los agentes sociales que han participado desde la Mesa de Diálogo de Lakua en el diseño del Servicio vasco de empleo observan cierta precipitación en la actuación de la consejera. Las reuniones se han redoblado en ese foro a raíz de la comparecencia de Zabaleta en el Parlamento. Las dificultades eran enormes y el Ejecutivo ha trabajado a varias bandas para forzar lo que hubiera sido casi un milagro.

Sin embargo, con todos esos datos en la mano, el Ejecutivo se ha resistido más de una semana en reconocer que no era posible la transferencia y ha culpado al PNV de obstaculizar la materialización del acuerdo. Tras frustrarse ahora las pretensiones de Lakua habrá tiempo para limar diferencias en un asunto espinoso, la figura jurídica.