ZAMUDIO. Un vecino de la localidad abrió la causa contra el alcalde zamudioztarra debido a la polémica concerniente a una obra llevada a cabo en un caserío situado en el camino Uxina. Tras un proceso judicial que implicó a la anterior Alcaldía, el demandante volvió a abrir una nueva causa contra López. Entre 2017 y 2018, el primer edil firmó un decreto de Alcaldía que implicaba un expediente de investigación para aclarar si el terreno en el que se llevaron a cabo las obras era de naturaleza pública o privada, ya que la anterior sentencia judicial no concretaba este aspecto. Visto esto, el demandante interpuso una nueva denuncia contra López, acusándolo de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial y contra otros derechos individuales, malversación de caudales públicos y falsedad de documentación pública. Tras un largo proceso en los juzgados, el auto recogido el 24 de septiembre de este año terminó por decretar que el alcalde zamudioztarra actuó de manera legal, destacando además que “no se desprende de las resoluciones judiciales alegadas por el denunciante que el camino sea de naturaleza privada como él sostiene, ya que la anterior sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial no dirime la naturaleza del camino, simplemente se consigna como elemento de valoración de la conducta examinada, que en esa causa no había quedado acreditada la titularidad pública del camino”.

Por su parte, Igotz López se mostró satisfecho con la resolución del denominado como caso de las estacas: “Este nuevo auto demuestra una vez más que nos encontramos ante un conflicto vecinal, donde este alcalde y el Ayuntamiento de Zamudio han cumplido en todo momento lo que dicta la legislación, sin tener en cuenta las continuas presiones recibidas por las partes en conflicto”. De esta manera, el primer edil admitió que se reserva las acciones judiciales oportunas para defender su buen hacer en este conflicto en todo momento. Dada la archivación de la causa, queda zanjada una polémica que tiene sus raíces en 2010, tras un caso en el que la antecesora de Igotz López, Sorkunde Aiarza, dictó de manera irregular -según la sentencia-, un decretó de suspensión de la obra en cuestión, por lo que la sentencia ordenó su inhabilitación durante nueve años.