Posibilitar la utilización de un patrimonio edificado que, a día de hoy, o no está utilizado o está infrautilizado y dar respuesta a las constantes peticiones y consultas urbanísticas en relación con la posibilidad de destinar a vivienda los locales comerciales han sustentado la decisión municipal para aprobar la ordenanza que propiciará la creación de viviendas en plantas bajas y entreplantas comerciales de edificaciones residenciales existentes. "La aplicación de esta ordenanza estará acotada a zonas concretas evitando una implantación incontrolada", matizó el concejal de Urbanismo, Oscar Salicio.

En esa línea "se establecen ámbitos discontinuos de aplicación para salvaguardar las zonas con mayor interés para el comercio y las relaciones sociales; ya que el modelo de ciudad que se persigue aconseja que se mantengan los usos terciarios en las plantas bajas". Salicio citó las avenidas del Minero, Bilbao, Lasagabaster y de la Estación, la calle Catalina Gibaja y la parte baja de Mendialde como zonas excluidas para estas transformaciones. Por contra, zonas como la parte alta de Mendialde, Aiega o Ganguren son zonas susceptibles de convertir lonjas en viviendas.

Garantías

Esta ordenanza, aprobado el pasado día 30 por el pleno municipal y que está tan solo pendiente de su publicación en el Boletín oficial de Bizkaia, intenta velar para que las viviendas resultantes "cuenten con todas las condiciones exigidas para dicho uso, de acuerdo con las normativas aplicables en la actualidad", explicó el edil socialista quien incidió en que se prestará especial atención "a la accesibilidad o practicabilidad de la nueva vivienda, así como al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en materia de insonorización, salubridad y ahorro energético. En ningún caso permitiremos la creación de infravivienda".

El Ayuntamiento de Ortuella es consciente, según reseñaron el alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, y Oscar Salicio, de que la habilitación del uso residencial en locales en los que actualmente dicho uso no está permitido "supone un aumento del valor económico de los locales afectados, lo que podría derivar en operaciones especulativas totalmente contrarias a los objetivos de la ordenanza, cuyo fin último es facilitar el acceso a la vivienda de los sectores de población más desfavorecidos, además de regenerar el actual tejido urbano".

Para evitar esa posible especulación, se establece que el régimen jurídico de las viviendas resultantes será el de Vivienda de Protección Tasada. Según destacaron los socios del gobierno municipal, la ordenanza "pretende ser consecuente con el principio del desarrollo sostenible, inspirador de la actual revisión del PGOU, que exige optimizar el uso de lo existente, utilizándolo de una forma efectiva y real".