El pleno del Ayuntamiento de Sopela aprobó este pasado jueves la adjudicación de la gestión de las instalaciones deportivas del municipio para los próximos 15 años con opción a una prórroga de otros cinco años. La propuesta contó con el respaldo del equipo de gobierno, integrado por PNV y PSE, y la concejala de Elkarrekin Podemos Patricia de los Ángeles Alfonso Sousa y el rechazo de EH Bildu, Denok Batera DB-TU y el concejal de Elkarrekin Podemos-IU, Eder García.La nueva empresa adjudicataria será la guipuzcoana BPXport, que sustituirá a la que venía prestando el servicio actualmente Serviocio-BeOne. Según se estipula en el nuevo contrato suscrito por el Consistorio sopeloztarra, la adjudicataria se compromete a realizar una inversión de, aproximadamente, tres millones de euros durante los próximos 15 años para modernizar las instalaciones deportivas, llevando a cabo una serie de mejoras y nuevos equipamientos por los que el Ayuntamiento, finalmente, no tendrá que realizar ningún desembolso en forma de cánon como estaba previsto inicialmente, de 1,5 millones de euros. “La inversión municipal será a coste cero”, destacó el regidor sopeloztarra Josu Landaluze.
Sobre esta línea, una vez adjudicado el servicio, en los próximos dos años, la adjudicataria deberá llevar a cabo una serie de inversiones establecidas en el acuerdo, por lo que a partir de 2023 Sopela dispondrá de unas instalaciones “punteras”, subraya Landaluze. En concreto, la localidad sumará “tres nuevas pistas de pádel, la construcción de un nuevo edificio para salas multiusos en Abadesolo y la completa remodelación del actual polideportivo”, detalla Landaluze.
En este sentido, la aprobación de la gestión de las instalaciones se produce un mes después de la polémica generada por los problemas de conexión de la concejala de Elkarrekin Podemos durante una sesión plenaria. Los grupos de la oposición, EH Bildu, DB-TU y uno de los dos de Elkarrekin Podemos-IU, Eder García, solicitaron por registro que el acuerdo plenario fuera declarado nulo “por vulneración del derecho de participación política y de emisión del voto en plena libertad” durante la votación de la licitación de la concesión del servicio público de las instalaciones deportivas municipales de Sopela. La oposición consideró que la votación se vio afectada por los problemas de conexión de la concejala de Elkarrekin Podemos, ya que mientras se encontraba confinada en casa tuvo problemas con su conexión a Internet. Ante esta situación, el pleno se detuvo entre diez y quince minutos para ver si podía recuperar la conexión. Tras ese periodo y ante la imposibilidad de volverse a conectar, se prosiguió con la sesión. Los grupos de la oposición hicieron constar en acta su solicitud de suspender el pleno, pero el regidor señaló que no se daba “ninguna circunstancia para suspenderlo” ya que se había convocado “en plazo y forma”. “No hubo mala intención y se actuó dentro de la legalidad”, explicó Landaluze. Por su parte, la oposición consideró que se podía sentar un “precedente” ante “en futuras votaciones” y que debía “prevalecer ante todo el derecho a la participación política y a garantizar la emisión del voto en libertad” por lo que solicitaron la impugnación de la aprobación de ese punto del pleno, una petición que no fue suscrita por la propia edil de Elkarrekin Podemos.
Al mismo tiempo, el pasado 18 de junio Patricia Alfonso Sousa registró formalmente la solicitud de liberación a tiempo parcial, correspondiente a un 60%, en el Ayuntamiento de Sopela, para poder “ejercer su labor de oposición y acceder a los expedientes” aunque, posteriormente, en el pleno del 30 de junio retiró del orden del día dicha petición. Un movimiento que desencadenó las acusaciones de “transfuguismo” por parte de los grupos de la oposición. La edil salió al paso de ellos asegurando que el equipo de gobierno “jamás” se puso en contacto con ella para “pedirle ni condicionarle el voto” para sacar adelante la licitación del servicio de gestión de las instalaciones deportivas.
