BILBAO. Pocas horas después de que el Boletín Oficial del País Vasco publicara ayer el decreto que regula las condiciones de prestación de los servicios de los vehículos con conductor (VTC), que establece la obligatoriedad de que sean contratados con un mínimo de treinta minutos de antelación y que no puedan ser geolocalizados, un juez de la Audiencia de Bizkaia dictó un auto en el que prohibió de forma cautelar su puesta en marcha prevista para hoy mismo.
La petición de paralización fue presentada a media mañana de ayer por los servicios jurídicos de Uber, plataforma de Internet que anunció el pasado martes sus intenciones poco después de que la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, detallara las medidas del decreto.
Sorprende la celeridad con la que el magistrado dictó las medidas cautelares que permitirán a Uber “seguir operando en Bilbao como hasta ahora”, indicaron ayer fuentes de la plataforma. Según pudo saber DEIA, el auto ataca directamente el tiempo de contrato y el hecho de que no puedan ser geolocalizados, dos de los argumentos que ya utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en julio pasado, cuando suspendió cautelarmente los artículos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona que regula la actividad de estos vehículos.
Ante este auto judicial no cabe recurso aunque el Gobierno vasco podrá presentar alegaciones que no evitarán la operativa de Uber. Ahora resta que el juez entre al fondo de la cuestión en una decisión próxima que se puede demorar varios meses o incluso llegar a un año.
Ayer mismo la Federación Vasca del Taxi valoró positivamente el decreto de Lakua y agradeció “el talante” de todas las partes implicadas en su elaboración. En una nota, la Federación consideró que “se cierra una etapa en la que los diferentes organismos de Gobierno, tanto estatal como autonómico, han tomado la decisión de regular un servicio” que con la falta de regulación “hacía peligrar el equilibrio entre este modo de transporte y el taxi”.
Por su parte, ayer el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, mostró su apoyo al decreto del Gobierno vasco e indicó que “competencia sí, pero regulando cuál es el servicio de cada uno”, antes de especificar que “para nosotros el servicio público son los taxis, y debemos protegerlo. El otro es un servicio privado. Si todo se cumple, la convivencia entre ambos es posible”, aseguró.
