Propietario de la pensión okupada en Usansolo: "Confío en la justicia y que actúe con sentido común"

Okupaciones = Preocupaciones. Es el lema de la concentración que reunió el viernes a cerca de 200 personas frente a la Pensión Oletxe, del municipio de Usansolo y que lleva dos meses en estado de okupación por parte de tres adultos y un menor de edad.

El local, anteriormente una pastelería familiar, fue reconvertido en 2018 por uno de los hijos de los propietarios en un modesto y sencillo negocio de alojamiento “con seis habitaciones, 5 individuales y una doble, una salita y dos cuartos de baño”, explica Oscar. Tras ocho años en funcionamiento, en noviembre de 2025 comunica a los huéspedes de larga estancia que allí habitaban su intención de paralizar temporalmente el negocio para acometer obras y la pensión quedó vacía el pasado 2 de febrero. “Entré en varias ocasiones para evaluar su estado, valorar las reformas que había que acometer y pensar en el futuro del negocio”.

Esa era la situación. Lo que no esperaba Oscar es la desagradable sorpresa que se iba a encontrar dos semanas después. Tras una visita a sus padres, que viven en un inmueble anexo, “vi que había una persona fumando en el umbral de la pensión, la puerta estaba abierta y olía a comida”. La Pensión Oletxe había sido okupada ilegalmente. “Intenté entrar. Constaté que había otro hombre, una mujer y un niño pequeño y, ante esa situación, llamé a la Ertzaintza”, relata.

Sin posibilidad de desalojo exprés

Ahí empezó su calvario y el laberinto administrativo y legal en el que se encuentra sumido el propietario del negocio. “Los okupas ilegales alegaron haber sido estafados por un vecino de Galdakao, quien presuntamente les cobró dinero a cambio de facilitarles de forma fraudulenta las llaves o el acceso al inmueble”, explica. Como no podía ser de otra manera, Oscar interpuso la correspondiente denuncia, pero al llevar más de 48 horas instalados en el interior, las autoridades policiales determinaron que no se podía ejecutar una expulsión exprés debido a que ya “habían constituido su morada en mi propiedad”.

Es el desalentador escenario para un emprendedor que se considera “socialmente comprometido” hasta el punto de que había llegado a alquilar habitaciones a “Cáritas para el alojamiento de personas vulnerables que, de esta manera, podían gestionar un empadronamiento”. Nunca tuvo problemas con sus inquilinos y ahora se ha visto obligado a recurrir a la vía civil/penal ordinaria para poder echar a los actuales okupas.

Mientras tanto, las pérdidas económicas se acumulan. Al cese total de su actividad hostelera hay que sumar los más de 1.000 euros en gastos asociados a minutas de abogados y procuradores además de seguir teniendo que hacer frente a los gastos propios de la pensión. “Lo único que he podido hacer es anular el contrato de wifi y bajar la potencia de la luz para que los gastos no sean tan elevados”.

Juicio el 24 de junio

La justicia es lenta, pero Oscar ha recibido una buena noticia. “Ya hay fecha de juicio: el 24 de junio”, anuncia con cierta esperanza. Quedan aún dos meses por delante, pero “confío en la justicia y que se aplique con sentido común”. Haciendo gala de su conciencia social, desea el desalojo y la recuperación de su propiedad y, al mismo tiempo, que “actúen los Servicios Sociales y les encuentren una alternativa habitacional legal” porque considera que son las “instituciones superiores las que tienen que buscar soluciones a esta problemática”.

A la espera de ese momento, ayudado por su hermano Kepa y su amigo Josu, ha sentido el apoyo de sus convecinos en la concentración de protesta celebrada el pasado viernes “para visibilizar este problema y que la ciudadanía esté alerta porque Usansolo no está al margen”. Oscar es conocedor de la existencia de, al menos, dos pisos okupados en el pueblo “así que, hay que estar muy alerta”.

También afirma que ha sido la primera y última acción de protesta que van a impulsar. “Estoy muy agradecido por el apoyo, pero hasta el juicio no se puede hacer más”. Su preocupación ahora es la seguridad “puesto que sabemos que tienen bombona de butano dentro y el local no está habilitado para cocinar”. Y, además, ya ha habido incidentes.

Alarma social por inseguridad

De hecho, el pasado mes de abril se produjo una reyerta en las inmediaciones de la pensión Oletxe. Los implicados, entre ellos varios de los okupas, se atacaron en plena calle utilizando navajas y bates de béisbol y la intervención policial se saldó con la detención de tres jóvenes magrebíes de 27, 29 y 36 años. Unos días después, el hermano del propietario de la pensión fue agredido físicamente sin mediar provocación por uno de los okupas de la Pensión.

Estos incidentes han causado gran alarma social en la población de Usansolo que ha detectado un aumento de la criminalidad, los ruidos y los incidentes desde el pasado mes de febrero. El temor del vecindario es que se produzca una desgracia mayor si las instituciones no actúan de manera urgente para recuperar el inmueble y devolver a la normalidad la zona.