Marilu, con síndrome de Down, se resiste a dejar su "segunda casa" en Amorebieta por un traslado que moviliza a su familia

El día a día de María Luisa Uria Martitegui, Marilu, lleva más de dos décadas ligado al Centro de Día Nafarroa de Amorebieta-Etxano. En este recurso para personas con discapacidad ha construido rutinas, amistades y un entorno estable adaptado a sus necesidades. Por eso, la decisión de la Diputación Foral de Bizkaia de extinguir su plaza y trasladarla a un centro de día para personas mayores ha provocado una fuerte reacción de su familia, que denuncia un caso de “discriminación, inacción y abandono”.

Marilu, de 67 años, tiene síndrome de Down, discapacidad intelectual moderada y reconocida una situación de Gran Dependencia (Grado III). Su familia sostiene que la Diputación ha tomado la decisión basándose únicamente en un criterio de edad y desoyendo tanto a los profesionales que llevan cerca de 25 años acompañándola como a los informes técnicos y psicológicos presentados durante el proceso. Según recuerdan, la propia institución reconoció de forma definitiva el derecho a esta plaza en 2002 y lo consolidó posteriormente en 2019 dentro de su Programa Individual de Atención, identificando el Centro de Día Nafarroa como el recurso “más adecuado” para sus necesidades.

Un recurso en vía judicial

El conflicto comenzó el pasado 20 de enero, cuando la familia recibió una llamada de la Subdirección de Atención a la Dependencia comunicando el “inminente cese” de la plaza de Marilu por haber superado los 65 años. Después llegaron nuevas conversaciones, reuniones presenciales e informes que alertaban del impacto emocional que podría tener un cambio brusco de entorno. Pese a ello, el 19 de febrero la Diputación dictó la Orden Foral que extinguía su derecho al recurso para personas con discapacidad intelectual. La familia solicitó medidas cautelares y presentó un recurso de reposición el 23 de marzo, aunque denuncia que, una vez superado el plazo legal de respuesta, la institución les ha trasladado que la resolución podría demorarse hasta un año debido a la “carga de trabajo”.

Los allegados de Marilu consideran que el caso refleja un problema de fondo sobre cómo se aplican los criterios dentro del sistema de dependencia. Defienden que la normativa prioriza la idoneidad del recurso y no la edad de la persona usuaria, y advierten de que el traslado puede provocar ansiedad, desorientación, aislamiento y un deterioro emocional importante. “Es incomprensible. La misma administración que debería protegerla es la que le está causando este daño”, sostiene la familia, que asegura sentirse “impotente, desoída y completamente abandonada”. Ante la falta de respuesta administrativa, los allegados de Marilu han decidido acudir a la vía judicial para intentar revertir una decisión que consideran injusta y contraria a su bienestar.