Bizkaia ha logrado agilizar la resolución de los expedientes sancionadores que abre a las residencias de mayores cuando incumplen algún aspecto de la normativa: de los 28 que tramitó el departamento de Acción Social en 2024 se pasó a 114 al año siguiente. "No es que haya aumentado el número de expedientes sancionadores, sino que hemos sido capaces de tramitar todos", ha explicado su responsable, Amaia Antxustegi.
La diputada foral ha comparecido en el pleno de control que se ha celebrado este martes en la Casa de Juntas de Gernika, a petición de EH Bildu, para explicar el aumento de expedientes sancionadores a centros residenciales en ese periodo de tiempo. Según ha relatado su apoderada Izaskun Duque, en 2024 los familiares de usuarios de las residencias presentaron 70 quejas, que se redujeron a 62 al año siguiente. Los expedientes sancionadores, sin embargo, pasaron de 28 a 114, "cuadruplicándose de un año a otro". Ello supone, ha añadido Duque, "que en 2025 más o menos el 75% de todas las residencias de mayores fueron objeto de un expediente sancionador".
En su comparecencia, Amaia Antxustegi ha rechazado la imagen "alarmista y distorsionada" que pueden reflejar esos datos si se analizan de forma aislada. "No todas las vulneraciones tienen la misma gravedad", ha aclarado, ya que "en la mayoría de los casos" se trata de "pequeñas cuestiones de mantenimiento" y en otros "de incumplimientos puntuales" de ratio de personal. "Cuando se han detectado vulneraciones muy graves, todas ellas han estado relacionadas con las sujeciones", ha apuntado. E incluso en estos casos, "hay distintos grados, desde la ausencia de consentimiento informado hasta la falta de registro".
"Mezclar realidades distintas"
Por ello, ha criticado que se mezclen "realidades distintas, presentando todas las sanciones como si fueran equivalentes", ya que no ayuda a comprender la situación ni a mejorarla".
En ese sentido, ha abogado por "contextualizar con seriedad" ese aumento de los expedientes sancionadores, "porque los datos, sin contexto, no explican la realidad, sino que la distorsionan". Así, ha recordado que la normativa de 2019 daba dos años de plazo para adaptar los requisitos funcionales y los ratios de personal de estos centros, un proceso de acreditación que finalizó en 2022. Para 2023, desde el departamento se planteó que el plan de inspección se centrase en comprobar el mantenimiento adecuado de los centros -"después de una pandemia en la que este ámbito, por cuestiones obvias, había quedado relegado"-, el control de la nueva ratio de personal y la eliminación de las sujeciones físicas.
Además, ese 2023 entró en vigor una nueva ley, "más exigente, como debe ser cuando se trata de garantizar derechos y calidad asistencial", y se implantaron inspecciones "más minuciosas", lo que derivó en la detección y tramitación de "un número significativo de vulneraciones en 2023 y 2024".
Más técnicos
A raíz de esas modificaciones, el departamento de Acción Social asumió dos compromisos. Por una parte, contratar a cuatro nuevos técnicos en calidad de interinos para agilizar la tramitación de los expedientes, que se incorporaron en marzo de 2025, e implantar un programa informático que facilitase también esas gestiones. "No es que haya aumentado el número de expedientes sancionadores, sino que hemos sido capaces de tramitar todos, algunos abiertos en años anteriores", ha aclarado.
Los incumplimientos relacionados con la ratio de personal "se han reducido considerablemente", también "ha mejorado" el mantenimiento de las residencias y "se continua avanzando en la eliminación de los mecanismos de sujeción".
Antxustegi ha negado la imagen "distorsionada y preocupante" que ha proyectado EH Bildu, insistiendo en que "los datos y los hechos objetivos muestran una realidad bien distinta". "Sabemos que queda trabajo por hacer. Seguiremos sancionando e inspeccionando a todos los centros residenciales y viviendas comunitarias que no cumplen la normativa porque garantizar el bienestar de las personas mayores es nuestra responsabilidad", ha concluido.
