Las operadoras de móviles pagarán por sus antenas
Las Juntas aprueban que estas empresas tributen también por la ocupación del espacio público
La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia aprobó ayer la modificación de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, para suprimir la exención del pago de tasas municipales por el uso del dominio público a las empresas de telefonía móvil. El dictamen fue apoyado por todos los grupos junteros a excepción del PP, que se abstuvo.
Relacionadas
La iniciativa normativa parte de una propuesta de Elkarrekin, cuya portavoz, Eneritz de Madariaga, denunció la “situación de privilegio” de la que disfrutan actualmente las compañías de telefonía móvil frente a otros servicios básicos como el agua o la electricidad. La juntera criticó que este sector factura “miles de millones de euros anuales” sin contribuir económicamente por el uso privativo del espacio público en la mayoría de los municipios de Bizkaia.
PNV y PSE-EE, los dos grupos que integran el Gobierno foral, presentaron dos enmiendas dirigidas a fortalecer el “armazón normativo” del texto y evitar posibles litigios judiciales. La apoderada jeltzale Ainhoa Pielo aseguró que la reforma protege el principio de autonomía local y la suficiencia financiera de las entidades locales, eliminando las trabas legales que impedían a los ayuntamientos aplicar estos gravámenes con seguridad jurídica. Por su parte, el socialista Alberto Álvarez subrayó que la modificación alinea la normativa vizcaina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es un ejemplo de “cómo propuestas de la oposición pueden ser mejoradas técnicamente para reforzar la financiación de los servicios públicos sin cargar la espalda de la ciudadanía”.
La normativa establece un régimen de cuantificación especial que permitirá fijar la tasa en un 1,5% de los ingresos brutos que las operadoras obtengan anualmente en cada término municipal. Además, se prohíbe que las empresas repercutan el importe de esta tasa a las personas usuarias finales de los servicios.
Por otro lado, la misma comisión pidió a la Diputación un estudio sobre las deducciones fiscales vigentes en el Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de evaluar el impacto real de estos incentivos en la economía y la sociedad del territorio. En concreto, analizará si estas medidas están cumpliendo objetivos estratégicos como la creación de empleo estable y de calidad, el fomento de la investigación y la transición energética.