Bizkaia recargará las estancias turísticas con hasta 7,5 euros por noche

Con un horquilla que va desde los 0 a los cinco euros, más un recargo del 50% para los municipios que tengan una mayor presión turística, Bizkaia arranca la tramitación de un impuesto que los ayuntamientos podrán aplicar ya este mismo verano. La Diputaciónha aprobado el anteproyecto de una norma que se prevé aprobar en junio y que será obligatoria para todas las localidades vizcainas. El impuesto se abonará hasta un máximo de cinco noches, estará armonizado en los tres territorios de la CAV y deja en manos de los ayuntamientos la cuantía a cobrar (siempre dentro de un rango de entre 0 y 5 euros), protegiendo a los alojamientos rurales y a los municipios más pequeños.

El primer paso ya está dado: la exposición pública del anteproyecto de la Norma Foral del Impuesto sobre Estancias Turísticas para que cualquier interesado, desde los municipios a los agentes implicados y la ciudadanía en general, pueda analizarlo y realizar sus aportaciones. Se trata de un texto idéntico al que también han aprobado las diputaciones de Araba y Gipuzkoa, "que vamos de la mano en un impuesto nuevo y armonizado en los tres territorios", ha recalcado este jueves la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz.

Este nuevo tributo llega en un momento en el que el turismo se ha convertido "en un elemento relevante de la economía de Bizkaia, que genera empleo, dinamiza sectores y contribuye a proyectar nuestro territorio al exterior", ha subrayado la responsable foral. Pero también puede, cuando su presión es excesiva, acarrear un "uso intensivo de los servicios públicos y de los recursos municipales, especialmente en algunos municipios y en determinados momentos del año". Este nuevo impuesto nace precisamente para ayudar a equilibrar ambos ámbitos, "acompañando el desarrollo turístico sostenible y garantizando que los municipios cuenten con herramientas justas y proporcionadas para gestionar su impacto".

Autonomía local

Es por ello que, en primer lugar, será un impuesto municipal, es decir, que respeta la autonomía local y su suficiencia financiera. Serán ellos, los ayuntamientos, los que gestionarán, inspeccionarán, recaudarán y revisarán el tributo, "reforzando así su autonomía fiscal y su capacidad de adaptación a la intensidad turística de su municipio". Ellos podrán elegir el tipo de impuesto que establecen, dentro de la horquilla que establezca la norma foral, así como establecer bonificaciones y recargos si así lo consideran. Por un lado, las localidades que tengan pocas -o ninguna- plazas turísticas, podrán, a través de una bonificación del 100%, hacer que los turistas no tengan que pagar nada por pernoctar en sus establecimientos. Y, por el otro, los que tengan una mayor presión turística -más de 750 plazas- podrán incrementar en un 50% el tributo.

Eso sí, será un impuesto que todos los municipios tendrán que regular de forma obligatoria. La Diputación prevé que la Norma Foral se pueda aprobar en las Juntas Generales a finales de junio; una vez que se publique en el Boletín Oficial de Bizkaia, contarán con seis meses para redactar y aprobar sus propias ordenanzas, lo que permitirá que algunos puedan aplicar este impuesto este mismo verano. Si pasan esos seis meses y no las han aprobado, se aplicará el máximo que establecen las horquillas.

Un horquilla de hasta cinco euros

La cuantía dependerá, principalmente, de la categoría de los establecimientos. En un hotel de cinco estrellas será de entre 2,5 y 5 euros, mientras que en uno de una podrá establecerse entre 0,75 y 1,5 euros. Para los campings y los establecimientos rurales, "un modelo que queremos proteger", la horquilla va de los 0,75 a los 1,5 euros. Los cruceros, por su parte, entre 2,5 a 5 euros en el caso de los de categoría superior por atraque. A todas esas cuantías cada ayuntamiento podrá aplicar las bonificaciones o recargos que considere.

El impuesto se pagará por un máximo de cinco noches -o fracción, por ejemplo en el caso de los hoteles por horas- y estarán exentos los menores de edad, los viajes subvencionados por programas sociales, las personas con discapacidad y las estancias por motivos de estudio o salud. La Diputación calcula que los ayuntamientos ingresarán entre 10 y 20 millones de euros, en función de la categoría de sus establecimientos, sobre los que habría que añadir las bonificaciones y recargos que cada uno establezca.