La Diputación Foral de Bizkaia no consideró "grave" la queja que recibió en 2019 sobre el campamento de Bernedo, en la que la madre de una de las asistentes mostraba su disconformidad con el sistema de duchas mixtas, el hecho de que la menor no hubiera podido acudir con sus amigas y que el autobús de vuelta llegó con 40 minutos. La mujer no había quedado conforme con las explicaciones recibidas desde la organización, por lo que quería conocer la normativa relativa a los campamentos de verano. "¿Es una denuncia? ¿Es grave? No se entiende así", ha señalado este miércoles la diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, que ha apuntado también que se le contestó que la competencia es del Gobierno vasco y se le remitió a esa institución.

La portavoz del PP, Raquel González, había pedido la comparecencia de la responsable foral ante la "concatenación de erros y/o dejadez de funciones y/o parsimonia excesiva" en torno las circunstancias en las que se venían desarrollando los campamentos de la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea en Bernedo y que ha derivado en la interposición de una veintena de denuncias. "La primera denuncia data de 2019 y está hecha en la Diputación de Bizkaia; fue la primera que supo que algunos niños podían estar sometidos a abusos y no se hizo nada", ha lamentado. "Con menores de por medio toda precaución es poca", ha defendido González. "Lo que se denunciaba era suficientemente grave como para haberle seguido la pista".

Ante una situación "terriblemente grave", la portavoz popular ha reclamado fórmulas para "controlar los espacios en los que se interactúa con menores", tanto públicos como privados, "de forma que se garantice su bienestar y se devuelva la confianza de la ciudadanía en la institución y en estos campamentos de verano. Hay que quitar las ganas a esta gentuza de montar bacanales con niños", ha exigido.

"Prudencia y respeto"

Según ha relatado Arrizabalaga, en 2019 la Diputación recibió, a través de la plataforma Atarileku -donde se recogen consultas, solicitudes o quejas de forma telemática-, un escrito que remitía la madre de una de las asistentes a un campamento en Bernedo. "Lo que contaba era que su hija había estado en ese udaleku y que, teniendo la opción de haber ido con sus amigas, tuvo que ir sola", además de que "no le había gustado el sistema de duchas mixtas que había". También que el autobús de vuelta había llegado con 40 minutos de retraso. "Lo había puesto en conocimiento de los responsables del campamento pero la respuesta no les había satisfecho porque no estaba bien argumentada", por lo que pedía explicaciones sobre la normativa que regula estos campamentos. "Eso fue lo que recibimos. ¿Es una denuncia? ¿Es grave? No se entiende así y la queja, porque era una queja, se canalizó de esa forma", ha recordado, por lo que se respondió que la institución que tiene competencias en la materia es el Gobierno vasco, adjuntando la dirección del departamento correspondiente para que se pusieran en contacto.

La diputada ha señalado que toda esta información no se había hecho pública hasta ahora al entender que "revictimiza" a las menores y porque han querido tratar este caso "con prudencia y respeto. Las Juntas Generales, como Parlamento que controla al departamento, sí es el lugar donde abordar esta información pero no en los medios de comunicación. La información que trasladamos fue la mínima porque entendemos que no es una cuestión que se tenga que trasladar a un medio de comunicación para alarmar y dar más morbo".

También ha informado de que la Diputación no tiene "ninguna relación" con la asociación que organizaba los campamentos de Bernedo, "ni convenios, ni contratos, ni patrocinios, ni ayudas económicas, ni cesión de instalaciones forales". Tampoco participa en el programa Udalekuak que organizan las tres diputaciones forales.

"No es suficiente"

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Tras subrayar que su departamento cumple "de manera estricta" el reglamento y la normativa vigente, Arrizabalaga ha reconocido que esta actividad se reguló hace cuatro décadas y "no es suficiente a día de hoy", por la "tremenda evolución" que han tenido las estancias vacacionales para niños y adolescentes en los últimos diez años y su oferta cada vez más amplia. "Hoy en día, además de la oferta pública, hay muchísimas opciones privadas", ha señalado.

La normativa establece los ratios de personal que debe atender a los asistentes a estos campamentos y los informes que deben hacer llegar a la Diputación y al Gobierno vasco los organizadores, en los que se deben especificar el número y edad de participantes, la fecha y duración, el lugar, la autorización del propietario, el informa favorable del Ayuntamiento, el plano gráfico del terreno y sus caminos de acceso, y el nombre de sus organizadores, entre otros. También deben contar con un informe de Osakidetza sobre las condiciones higiénico-sanitarias del espacio. La institución foral puede revocar la actividad solo en tres supuestos: riesgo para la integridad física, provocar daños en los espacios donde se va a desarrollar o por llevar a cabo actividades prohibidas por la legislación. "Somos plenamente conscientes de que hay que actualizar este ámbito porque hay brechas que hay que solucionar. De hecho, llevamos tiempo trabajando; eso sí, de forma lenta hasta que se ha dado a conocer lo ocurrido en Bernedo. Desde que en 2022 se aprobara la Ley de Juventud se han celebrado varias reuniones", ha recordado.