El Gobierno vasco viene instando a la propiedad del vertedero de Zaldibar desde finales de 2021 a que actúe en su mantenimiento y concluya las obras de sellado después de que el departamento de Medio Ambiente finalizara en septiembre de 2021 su intervención subsidiaria de emergencia para estabilizar la infraestructura tras el desprendimiento del vertedero en febrero de 2020.
Fuentes del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente reconocieron ayer miércoles el deterioro que está teniendo el vertedero, el cual es detallado en un informe geológico encargado por la propia consejería para determinar el futuro de la infraestructura.
El estudio, además de concluir que no es apto para ninguna actividad económica, indica que los coeficientes de seguridad de la infraestructura son peores que cuando el Gobierno vasco abandonó el vertedero tras remediar medioambientalmente la zona, estabilizar el terreno y buscar a los dos trabajadores enterrados tras el derrumbe. El informe determina que se han incumplido todas las exigencias de reparación, mantenimiento y recuperación.
Un escenario actual que es consecuencia de que su dueño original, la empresa Verter, no atendiera todos los requerimientos de Lakua, con un calendario de actuaciones incluido, algo que se ha mantenido después de que la sociedad entrara en concurso de acreedores y se judicializara el proceso todavía abierto.
Fuentes del departamento de Arantxa Tapia, que mañana viernes comparecerá en el Parlamento vasco para dar más explicaciones del asunto, indicaron ayer a este periódico que “como órgano ambiental no hemos podido hacer más que enviar este informe al juez que lleva el caso y al administrador concursal”.
La intención es que, como responsables actuales de la infraestructura, culminen su sellado definitivo, corrijan las deficiencias detectadas y lleven a cabo un mantenimiento continuo del vertedero.
Desde la consejería indicaron que “nuestra prioridad es la seguridad del vertedero y hacemos un trabajo continuado de vigilancia” lo que supone que, aunque han bajado los coeficientes, la infraestructura es segura.
