El derribo de la nagusien etxea de Romo comenzó ayer lunes por la mañana. Como ocurriera la semana pasada -con los primeros movimientos en el edificio para proceder a la entrada de las máquinas- varias personas se concentraron en el lugar a modo de protesta y también hubo una fuerte presencia policial, lo que desencadenó en episodios de tensión.
El Ayuntamiento de Getxo tuvo constancia hace algo más de un mes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anuló las medidas cautelarísimas que paralizaron la demolición en agosto, y desde entonces, se han ido desarrollado todos los pasos encaminados al derribo del inmueble. Primero, operarios municipales vaciaron el interior de la nagusien etxea; después, el equipo de gobierno getxotarra anunciaba la cesión del inmueble a la Diputación y a partir de ahí, se producían los primeros enfrentamientos entre vecinos contrarios a la desaparición del edificio y la policía. La semana pasada hubo un detenido y también un herido. El pasado domingo, se llevó a cabo una manifestación por las calles de Romo.
Lo que ocurrió ayer lunes es que empezó la demolición propiamente dicha para dejar espacio al nuevo centro intergeneracional que se levantará en este espacio de la calle Lope de Vega. Hay previstas un centenar de plazas residenciales para personas mayores en situación de dependencia y 40 apartamentos de alquiler para jóvenes. El grupo municipal Elkarrekin Getxo llevará al pleno del jueves una moción conjunta con EH Bildu en la que exigen que el Consistorio que “se posicione y tome cartas en lo relativo a los incidentes de la semana pasada, que se saldaron con varias personas heridas, entre ellas un periodista”. La moción propone “una denuncia pública desde el Ayuntamiento e instar al Gobierno vasco a abrir expediente a la figura responsable de tales actos”.
Mientras tanto, la asociación Ibar Nagusien Etxea lamenta la forma de actuación de las instituciones, porque, entiende que han derruido el edificio sin esperar al fallo del Tribunal Supremo. “Nos reunimos con la abogada y decidimos interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, explicaba recientemente a este periódico el presidente de esta agrupación, Paco Rama. “Están derribando los edificios de Lope de Vega que son patrimonio, historia e identidad no solo de un barrio, sino de miles de personas”, señalaba ayer lunes la Plataforma Romo
