La asociación de fabricantes y expendedores de pan de Bizkaia se opone a una intervención en los precios de los alimentos, así como a la propuesta de vender una cesta de productos básicos a precios reducidos en grandes superficies comerciales. Así lo aseguran a través de un comunicado en el que consideran que no se trata de una solución positiva y que además, podría tener efectos negativos y conllevar el cierre de más negocios del sector.

En el comunicado, la asociación explica que, ante el aumento sostenido de los costos de producción del pan (energía, combustible, materia prima, etc.), el sector en Bizkaia, integrado en su mayoría por pymes y autónomos, "está haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto de estos aumentos en el consumidor final, a expensas de la reducción de sus márgenes comerciales".

PELIGRO DE CIERRES

Esta situación, advierten, "pone en peligro la viabilidad de muchas empresas; en lo que llevamos de año ya han sido varias las que han tenido que cerrar por ello (Labakoa, Atsegia, Usubiaga, Lemona, etc.) dejando a un número importante de familias en desempleo y minorando la presencia del sector artesanal en nuestros municipios".

Para los panaderos de Bizkaia, la subida de los precios de los alimentos es consecuencia directa del aumento de los costos de producción, y, “por lo tanto, una medida como la anunciada para fijar un tope a los precios no es una solución, sino que por el contrario, puede tener efectos negativos”.

Esta Asociación también se opone a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de que las grandes superficies distribuyan una cesta de productos básicos a precios reducidos, porque consideran que “beneficiaría a los grandes operadores en detrimento de los pequeños productores que no tienen el margen para tomar esta medida”.

MEDIDAS REALES Y EFECTIVAS

Además, la medida supondría un aumento de la cuota de mercado de las grandes superficies frente al minorista, que reduciría el volumen de negocios y las ventas. Ante esta situación, la Asociación insta a las administraciones a tomar medidas "inmediatas, reales y efectivas" para reducir los costos de producción, en especial los costos de energía, y así garantizar la viabilidad de las empresas.