Bizkaia cumple desde 2014 la norma de túneles europea que entra en vigor en mayo

Los accidentes de tráfico en los túneles de Mont Blanc, Tauern y San Gotardo, entre 1999 y 2001, abrieron un intenso debate sobre la seguridad en los túneles de carretera a nivel europeo. A raíz de aquellos pavorosos incendios, en los que fallecieron decenas de personas ante la imposibilidad de los servicios de asistencia de llegar al lugar del accidente, la premisa básica quedó resumida en una: autoevacuación. Desde entonces, un túnel se considera seguro si cuando ocurre algún incidente las personas que están dentro pueden salir por sus propios medios. “Hasta ese momento, el túnel se acometía como una obra civil, no se le daba tanta importancia como hoy en día a la seguridad”, advierte Cobeaga. A partir de ese momento, se exigieron carriles más anchos, vías de escape, iluminación, ventilación y sistemas de vigilancia, entre otros requisitos.

Europa estableció en 2004 una normativa de requisitos que debían cumplir todos los túneles que formaran parte de la red transeuropea y que tuvieran más de 500 metros. Los estados miembros debían transponer la norma en sus respectivos territorios; el Estado español lo hizo en 2006, a través de un Real Decreto de obligado cumplimiento. Bizkaia, al tener competencias exclusivas en materia de carreteras, adoptó aquella directiva no solo en la red transeuropea, sino en todos los túneles de la red foral de más de cien metros, que han pasado de 22 a cuarenta en apenas doce años.

Los países miembros tenían de plazo para adecuar sus túneles hasta el 30 de abril de 2014. Sin embargo, para esa fecha únicamente el 26% de los túneles en el Estado español estaba adaptado a los nuevos requisitos de seguridad, mientras que en países como Italia no se alcanzaba el 4% y en Austria, el 14%. Por ello, se concedió una moratoria de cinco años a siete de estos países, entre ellos España. Ese aplazamiento finaliza el próximo día 30, por lo que a partir de mayo los túneles deberán haber incorporado esas modificaciones.

Para cuando se realizó ese análisis, en 2014, los siete túneles a los que afecta la normativa europea en Bizkaia ya cumplían con todos los requisitos. Son los cinco que discurren por la Variante Sur Metropolitana -Larraskitu, Arraiz, Santa Agueda, Mesperuza y Argalario-, Malmasin y Zaldibar, que suman casi veinte kilómetros de longitud, incluyendo sus dos tubos. Todos ellos superan los 500 metros de longitud y se sitúan en una carretera de la red transeuropea como son la A-8 y la AP-8.

Los cinco de la Supersur, al entrar en servicio en 2011, ya incorporaron desde su construcción las medidas que exigía Europa; en los casos de Malmasin y Zaldibar, con el paso de los años se han ido realizando adecuaciones para garantizar la seguridad de sus usuarios. En servicio desde 1975, los túneles de Malmasin abordaron en 2011 la segunda reforma integral de su historia, que incluyó la sustitución de todo el sistema de iluminación y alumbrado de emergencia, la instalación de detectores de incendios y humos, la renovación de los sistemas de extinción de incendios, la adecuación de las galerías de evacuación y la instalación de nuevos ventiladores, postes de auxilio y megafonía. “La adecuación de los túneles es constante, porque no solo hay que incorporar los requisitos que te pide Europa sino garantizar que funcionen. Hay que hacer un mantenimiento y sustituirlos cada cierto tiempo”, explica Cobeaga.

Los requisitos de la Unión Europea incluyen tanto medidas estructurales en los propios túneles, como una organización de responsables de su seguridad y protocolos de actuación y mantenimiento de las infraestructuras. Las características que deben cumplir los tubos dependen de la longitud de los túneles -si son de entre 500 y mil metros o de más de un kilómetro- y del tráfico que soportan. En líneas generales, son requisitos como que las estructuras sean resistentes al fuego, que exista un sistema de detección automática de incendios, que haya hidrantes como mínimo cada 250 metros o que la electricidad esté garantizada en casos de emergencia por sistemas redundantes, grupos electrógenos o baterías autónomas.

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