Bermeo lleva a juicio las responsabilidades por las VPO de San Martín
Bildu dice que el PNV pudo incurrir en dos delitos y la oposición cita la maniobra como "cruzada política"
Bermeo. Beruala, la sociedad de gestión urbanística municipal de Bermeo, acudirá a los tribunales para determinar si existieron responsabilidades penales en la gestión de las VPO de San Martín. La asesoría jurídica de la actual Corporación, comandada por Bildu, estima que los responsables del ente público en la pasada legislatura -del PNV- pudieron haber incurrido en "dos delitos". Estos últimos, que se reservan al derecho de "emprender la misma vía", aseguraron ayer que "colaborarán" para esclarecer una maniobra que a su juicio atiende a "intereses políticos y privados ante los que responde" la coalición.
Según desgranó ayer el equipo de gobierno, en la gestión pasada en Beruala -el Consistorio ha pedido 4,5 millones de euros de crédito a la Diputación para sanear las cuentas del ente- habrían existido "un posible delito de prevaricación y un posible delito societario". El objetivo que persiguen con la judicialización es "aclarar todo lo que ha sucedido y la mejor forma de hacerlo es dejar el tema en manos de la justicia".
"Dispuestos a colaborar" para aclarar el caso, el PNV calificó ayer la maniobra del Consistorio gobernado por la coalición como "cruzada política". Tras cuestionar sus actuaciones "sesgadas e interesadas", especificaron que "la ejecución del compromiso de Bildu con una constructora para el derribo de las viviendas contraviene" la normativa urbanística vigente. "Nos gustaría que -Bildu- destapara los intereses políticos y privados ante los que responde", puntualizaron.
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