BILBAO. La reforma de la normativa en el sector del empleo de hogar ha dejado latentes importantes carencias que afectan de manera específica a las mujeres inmigrantes. El Consejo Local de la Inmigración junto al Ayuntamiento de Bilbao valoran positivamente la existencia de un marco normativo, pero también concluyen que en la práctica ha supuesto "abundantes despidos, así como una rebaja en las condiciones laborales".
Como se suele decir, hecha la ley, hecha la trampa. Aplicado a estas mujeres trabajadoras, lo cierto es que sus condiciones laborales han sido rebajadas como consecuencia de la aplicación de la ley. Esto se debe a que, en muchos casos, el coste de la cotización a la Seguridad Social ha sido directamente reducido del salario de las trabajadoras del sector. A esto habría que sumarle que la modificación de la normativa ha generado abundantes despidos, así como situaciones de irregularidad sobrevenida en mujeres inmigrantes, dado que dar de alta en la Seguridad Social no dependía de ellas en esta reforma, sino de sus empleadores.
Estas son algunas conclusiones del resultado del proceso de reflexión realizado durante el segundo semestre del pasado año por entidades sociales como UPV, Lanbide, el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social, Emakunde, la asociación de Trabajadoras del Hogar y, a título personal, mujeres que trabajan en este sector. Estos grupos coinciden en destacar las carencias que la nueva normativa del sector de empleo en el hogar presenta en el ámbito de las prestaciones de desempleo o la condiciones laborales, entre otras.
Sector vulnerable Los agentes que trabajaron en este proceso también detectaron las dificultades para realizar un control sobre el cumplimiento de las exigencias normativas que precisa la ley que entró en vigor el 1 de enero de 2012. Entre otros aspectos, se constata que el sector del empleo del hogar sigue sin estar equiparado a otros sectores de empleo y que se trata, además, de un sector sujeto a una gran vulnerabilidad, dado que se ejerce en un ámbito privado de difícil supervisión e inspección.
Precisamente, el colectivo más afectado es el de las mujeres, puesto que la cadena de cuidados, una de las principales tareas del ámbito del hogar, sigue siendo asumida en primera instancia por las mujeres y, sobre todo, en los últimos años por mujeres inmigrantes. Como dato para dibujar esta situación cabe destacar que, a finales de 2011, una de cada dos mujeres inmigrantes bilbainas -aproximadamente 7.400 mujeres inmigrantes, en su mayoría latinoamericanas- trabajaba en el sector del empleo doméstico, según los datos del segundo informe de indicadores de integración de la población inmigrante extranjera en Bilbao de 2011.
Falta de información El informe también hace referencia a la falta de información con la que se encuentran las personas, tanto empleadoras como empleadas, para adaptarse a los cambios normativos, así como a las dificultades que surgen a la hora de cumplimentar la información requerida. Tanto las diferentes entidades sociales como las personas empleadas en el hogar, sugieren que aumente la intermediación de los servicios públicos de empleo en este sector.
Las conclusiones de este informe con respecto a las carencias manifiestas de la ley se han difundido entre diferentes instituciones públicas, sindicatos y entidades sociales, así como entre asociaciones de mujeres o asociaciones de apoyo a personas inmigrantes.
Este grupo de trabajo no culmina con ello el informe de conclusiones. Entre otras cuestiones, porque según explican, se ha aprobado una modificación de la normativa del sector por la que se fija una nueva escala de cotización, con un número de tramos menor que la fijada en la reforma de 2012. Además, se establece que, a partir del próximo 1 de abril del presente año, las propias personas trabajadoras que presten servicios durante menos de 60 horas mensuales por hogar familiar sean las responsables de su alta y cotización a la Seguridad Social, además deberán acordar este punto con las personas empleadoras.
En este sentido, el grupo de trabajo va a continuar evaluando el impacto de las nuevas medidas, una vez se haya contemplado su evolución y desarrollo, poniendo el acento en los incumplimientos, si los hubiera.