Bilbao considerará gran tenedor a los propietarios de cinco o más viviendas
La propuesta de EH Bildu cuenta con el respaldo del equipo de gobierno y Elkarrekin Podemos
Bilbao fue declarada zona tensionada el pasado 30 de octubre. Y en aquel momento se calificó como gran tenedor a las personas físicas y jurídicas con 10 o más propiedades. Y en ese momento la denominación de gran tenedor se ciñó a 112 personas físicas o jurídica, que bajo su titularidad aglutinaban alrededor de 1.500 viviendas. Sin embargo, el pleno de Bilbao reconoció ayer que ese límite se quedaba corto ante la gravedad de la situación de acceso a la vivienda al aprobar la proposición de EH Bildu para rebajar la calificación de gran tenedor a aquella persona física o jurídica que tuviera 5 o más inmuebles a su nombre.
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Así, formarán parte de esa denominación 618 propietarios más que sumarán al parque inmobiliario un mínimo de 3.100 viviendas, considerando que esos 618 dueños tengan solamente 5 viviendas. Tal y como señaló el concejal de EH Bildu, Karlos Renedo, “el 34% de las viviendas se pagan a tocateja. Es evidente que estas viviendas no las compran las personas jóvenes, sino los grandes inversores”. En total serán 730 las personas físicas o jurídicas que formarán parte de la denominación de gran tenedor y bajo su paraguas se aglutinan “5.382 viviendas pertenecen al sector público, 117 viviendas al tercer sector y los propietarios privados tienen 1.447 viviendas”, detalló la edil de Vivienda, Yolanda Díez.
Por ello, la medida aprobada en el pleno de ayer supondrá que miles de bilbainos que viven de alquiler pasarán a tener una renta regulada ya que tendrán que alquilarse según el Índice de Precios de Referencia, el alquiler se prorrogará y no se podrá incrementar su actualización de precios en más de un 3%, que es lo que marca la ley. La movilización de más viviendas permitirá que “las que están en desuso podrán pasar a formar parte del programa Bizigune”, según Renedo que incidió en que si las viviendas están vacías está “la opción de sancionarles” sino salen al mercado de alquiler. Esta medida provocará que se abra un diálogo directo con los grandes propietarios para que esas viviendas vacías “que tienen como inversión” salgan al mercado inmobiliario.
Derecho a la vivienda
La propuesta de la coalición abertzale contó con el respaldo del equipo de gobierno, que en palabras de la concejal de Vivienda, aseguró que este paso de rebajar el número de viviendas para considerar a un propietario gran tenedor estaba previsto en su marco de actuación. Es decir, da continuidad a las medidas implantadas hace unos meses. “Tenemos que proteger el derecho a la vivienda. Tenemos que garantizar que vivir en Bilbao no sea un lujo, sino asequible”, incidió. De hecho, Díez precisó que están utilizando “todas las herramientas a nuestro alcance” para responder a la principal preocupación de los bilbainos. “Este deber moral”, como lo calificó Renedo, posibilitará que haya más viviendas para el alquiler porque la reducción del número de viviendas para la consideración de gran tenedor “es un número que sí interviene en el mercado de la vivienda”, subrayó Díez.
Bilbao cuenta con 112 propietarios con 11 o más viviendas a su nombre
Los datos aportados por Karlos Renedo al presentar la propuesta destacaban que en Bilbao “se estima que el 5% de las personas que viven de alquiler la propiedad es de un gran tenedor”. Esto supone en torno a 1.000 familias las que abonan su renta a un gran tenedor ya que los cálculos señalan que son más de 21.000 núcleos familiares los que son arrendatarios en la villa.
Protección
Sin embargo, no todos los grupos del pleno respaldaron la medida de reducir el número de viviendas para la consideración de gran tenedor. La portavoz popular, Esther Martínez, aseguró que con esta propuesta “se está colapsando el mercado del alquiler” porque lo que debe hacer el equipo de gobierno, según sus palabras, es “dar seguridad a los propietarios de las viviendas”. Y criticó que los propietarios no pueden recuperar sus casas ya que el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su Área de Acción Social, emitió el año pasado 2.481 informes de vulnerabilidad para impedir el desahucio de familias que no estaban abonando el alquiler. “Todas esas personas que no han cobrado el alquiler no son grandes tenedores”, afirmó Martínez.
“Utilizamos todas las herramientas para dar seguridad”, anunció la concejal de Vivienda para rebatir la idea que deslizó Martínez de que medidas como la aprobada ayer fomentarán los impagos. Y en la misma línea se manifestó Renedo quien destacó que con la nueva propuesta “nos permite evitar la especulación, al tiempo que es una herramienta para movilizar las casas vacías y mejorar la situación de los miles de bilbainos que viven en alquiler” y otorgando a la vivienda la función social y cohesionadora que le corresponde. De hecho, Yolanda Díez se congratuló del trabajo que se está desempeñando en su área ya que ha permitido que “25.000 personas hayan podido acceder a alquileres asequibles de entre 250 y 270 euros”. Y este paso dado por su departamento no será el único ya que abogó por continuar dando “respuesta a una realidad que muchas familias sufren desde hace tiempo, somos conscientes y no lo ocultamos".
El proceso para que los propietarios de 10 o más viviendas sepan de su nueva calificación ya se están empezando a desarrollar y tal y como aseguró la edil de Vivienda los primeros pasos para la campaña de sensibilización dirigida a estas personas físicas o jurídicas están en proceso. La previsión señala que la implantación efectiva se desarrollará durante este año.
Mayor reducción
A la propuesta de EH Bildu, desde Elkarrekin Podemos, su portavoz Ana Viñals, apuntó a que esta medida todavía podía llegar a más propietarios si se bajaba el límite máximo de viviendas para considerar a una persona gran tenedor a “3 o 4 propiedades”. Con esa perspectiva se podría dar una mejor respuesta a la “emergencia habitacional” que tiene Bilbao.
Según los datos aportados por la formación morada, serían unos “1.200 propietarios” los considerados grandes tenedores, que bajo su titularidad tendrían “3.612 viviendas”. Para Viñals, “el libre mercado arruina a los más vulnerables y favorece a los grandes”.