La declaración de zona tensionada que será efectiva en Bilbao a partir de octubre protege a más del 90% de los contratos de alquiler de la ciudad. Esto supondrá que los inquilinos tendrán derecho a acogerse a un precio máximo de alquiler basado en índices de referencia, la posibilidad de prórrogas extraordinarias del contrato hasta tres años y el acceso prioritario a ayudas de alquiler y a mecanismos de protección frente a desahucios. Por su parte, los propietarios tendrán la obligación de respetar los límites de precio establecidos en nuevos contratos, la posibilidad de aplicar incentivos fiscales si reducen el precio del alquiler o alquilan a colectivos vulnerables y, en el caso de los grandes tenedores, obligaciones adicionales como informar sobre precios o condiciones del contrato.

Según explicó ayer el consejero Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, alrededor de un 10% de viviendas en el mercado del alquiler, que responden a tres supuestos, estarán reguladas por el índice de precios de referencia, cuya confección y publicación está a la espera de los datos de la Hacienda de Bizkaia. “Esos tres supuestos son las viviendas que sean de grandes tenedores, que en el caso de Bilbao se estableció que fueran más de cinco –y según el catastro hay 730 propietarios–; las viviendas que no hayan estado nunca en alquiler y, por lo tanto, no haya una referencia previa en su precio; y las que no hayan estado en alquiler en los últimos cinco años”, recordó Itxaso, quien evidenció que existe un problema para establecer el índice en Euskadi.

“Las haciendas de los tres territorios no estaban preparadas para hacer el cálculo”, expuso el consejero de Vivienda, quien explicó que todos los datos relativos a la renta del 2023 o del 2024 de Gipuzkoa ya están en manos del Ministerio de Vivienda, por lo que están a la espera de que terminen de publicarlo. “En el caso de Bizkaia, hay un problema que tiene que ver con cómo tenían diseñado el modelo tributario, ya que a los propietarios no se les exigía que desglosaran con detalle la ubicación de las viviendas que tenían arrendadas, lo que sí ocurría, por ejemplo, en Gipuzkoa”, aclaró antes de explicar que la Hacienda vizcaina introdujo en la declaración de 2024 la petición de esa información. “Vamos a ver si el Ministerio nos permite resolver este dato a nivel técnico”, indicó el consejero en relación a los índices de precios de referencia.