Bilbao actualizará su ordenanza de catas y canalizaciones medio siglo después
La nueva regulación agilizará los trámites y se adaptará a las nuevas exigencias legales
Al margen de ordenanzas nuevas que una ciudad pueda aprobar porque el desarrollo de la sociedad así lo requiere –la normativa que regula laZona de Bajas Emisiones, por ejemplo–, hay otras ordenanzas generales que llevan décadas en vigor. Es el caso de la ordenanza municipal de catas, canalizaciones y acometidas que el Ayuntamiento de Bilbao actualizará ahora. “La existencia de nuevas redes y teleoperadoras nos obliga a la redacción de la nueva ordenanza”, aseguran desde el área de Obras Públicas para actualizar el texto que data de 1973. La nueva regulación, además, pretende adaptarse a las nuevas exigencias legales, lo que conllevará una simplificación en la tramitación y acceso telemático entre la ciudadanía y la administración.
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“Hemos visto que ahora, que nos estamos adaptando a las normativas europeas, podía ser el momento”, explica Paola Avendaño, jurídica del área de Obras Públicas del Consistorio, quien indica que no ha habido un detonante específico para decidir acometer en este momento la revisión integradora de la normativa de cualquier actuación que se lleve a cabo en la vía pública en Bilbao. Para ello, el Ayuntamiento ha licitado la asistencia técnico-jurídica para la redacción y aprobación de la ordenanza que pretende regular “todo lo que se refiere a obras e instalaciones en vía pública, todo lo que se refiere a infraestructuras, agua, gas, electricidad, teléfono... desde el punto de vista de una mejora técnica y de simplificación administrativa”.
Así, Avendaño expone que la ordenanza pretende regular lo referente a catas y canalizaciones, cualquier “agujero” en vía pública. En ese sentido, reconoce que la normativa no tiene una afección directa en el ciudadano: “Nuestro mayor público, el primer destinatario, son los operadores registrados, las suministradoras, como Iberdrola, empresas de gas, telefonía...”. Y, en segundo lugar, habla de comunidades de propietarios. “No nos olvidamos de que el último usuario es el ciudadano en general. Estamos continuamente abriendo y cerrando zanjas para reparar averías, para hacer nuevas canalizaciones, para adaptar las infraestructuras subterráneas... Y al final quien sufre todo eso, aunque el destinatario de las ordenanzas puede que sean las operadoras, es la ciudadanía en general”, indica la técnico jurídica municipal, quien asevera que es su intención mejorar en la reposición de pavimentos y en la rapidez con la que se ejecutan esos trabajos.
Objetivos
En ese sentido, revela que uno de los objetivos de la ordenanza es promover una simplificación administrativa “en la medida que sea posible”. Así, indica que valorarán si se hace un control ex ante o ex post. Esto significa que si se encuentran ante una avería de luz, por ejemplo, se sobreentiende que hay que dar una respuesta inmediata. “Vamos a trabajar en un régimen de comunicaciones previas que permita a la operadora intervenir para dar una solución rápida y luego ya haremos el control de cómo se ha hecho todo”, expone Paola Avendaño. En algunos casos, no obstante, como en el caso de las canalizaciones, consiste más en generar una red de infraestructuras. “Ahí sí que vamos a tener que hacer una validación ex ante de lo que presente la operadora. No se trata de hacérselo más fácil. Nos van a tener que presentar una documentación, la parte técnica... Tendremos que estar sometidos a un régimen de control de licencia”, agrega.
A pesar de ello, la simplificación administrativa que persiguen contempla que se puedan hacer las solicitudes vía web para que las comunidades de propietarios, principalmente, tengan más facilidades. “Se trata de abrir la sede electrónica y hacerlo a través de formularios web, marcando unas casillas. Y luego consistiría en reducir los tiempos de los procedimientos, que hoy por hoy son largos”, apunta Avendaño, quien insiste en que quieren hacer la tramitación más “razonable”. Asimismo, también pretenden establecer bien el régimen sancionador, “los procedimientos de restauración de la legalidad”, ya que, según apunta, a veces hay zanjas que se quedan abiertas más tiempo del necesario. “Queremos exigir y hacer un buen restablecimiento de la legalidad. No queremos que se conviertan en un obstáculo para la vida diaria”, apostilla.
Tras una fase de diagnóstico, Avendaño indica que empezarán con la redacción tras el verano. “Luego tendríamos una propuesta a final de año y ya podríamos comenzar con las fases propias de la ordenanza”, detalla sobre esta regulación que tendrán que coordinar con otras áreas municipales que están involucradas, como es el caso de Movilidad o Seguridad. “La previsión es terminarla hacia primavera del año que viene, con las fases propias de la tramitación”, asevera sobre esta regulación que tiene un componente jurídico importante, pero también un componente de ingeniería.