El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco se encuentra actualmente estudiando la posibilidad de ampliar los servicios mínimos de Bilbobus tras la petición trasladada por el Ayuntamiento de Bilbao. Así lo notificó ayer Nora Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad, quien defendió que se trata de una situación en la que “hay que buscar un equilibrio” en relación a la huelga indefinida iniciada por los conductores el pasado 9 de abril.

“Tanto los trabajadores como la empresa han hecho sus alegaciones porque hay que equilibrar el derecho a la huelga y el derecho de movilidad de la ciudadanía. Nosotros hemos hecho esa petición y es cierto que la semana pasada hubo bastantes dificultades para que salieran los servicios mínimos”, expresó la concejala. De este modo, y tras reconocer el derecho a la huelga, consideró necesario que se reconozca también “el derecho que tienen los bilbainos a moverse en autobús”.

Durante la rueda de prensa sobre la Zona de las Bajas Emisiones, Abete detalló que desde el Consistorio se sigue avanzando para poder rescindir el contrato actual con la adjudicataria del servicio y lanzar una nueva licitación. En ese sentido, desde la última reunión protagonizada por los trabajadores y la empresa miércoles pasado reconoció que desconoce si se ha producido algún acercamiento más entre las partes.

“Aprovecho para pedirles que vuelvan a sentarse a negociar, que intenten llegar a un acuerdo porque es una situación que se está alargando en el tiempo y afecta a muchas personas, sobre todo a aquellas que viven en los barrios altos de Bilbao a quienes complica su día a día”, lamentó. Tras señalar que le gustaría poder decir que la negociación va por buen camino, incidió en que en la última reunión ambas partes “se levantaron sin acuerdo”.

Abete estimó que la oferta realizada en su momento por parte de la empresa era “razonable, permitía unas mejoras salariales y contaba con el apoyo de la mayoría sindical”, por lo que se trataba de “un buen acuerdo”. Según sostuvo, la oferta que se planteó a los trabajadores en el preacuerdo que fue rechazado para la mayoría de la plantilla era “una buena oferta, superior incluso a la de los funcionarios del Ayuntamiento” y representaba “una buena salida para una situación que se está complicando”.