La reunión mantenida este jueves entre la parte social y la adjudicataria de Bilbobus se han saldado sin que hayan llegado a acercar posturas, por lo que la huelga indefinida iniciada por los conductores el pasado 9 de abril continúa. Durante el encuentro, la empresa Biobide ha respondido a la propuesta realizada por los sindicatos la semana pasada, en la que establecían como línea roja el mantenimiento del poder adquisitivo del 2022 al 2026 en relación al IPC. Sin embargo, según se recoge en el acta de la reunión a la que ha tenido acceso DEIA, la empresa ha replicado que tras el rechazo de la plantilla al preacuerdo, “cualquier acuerdo entre las partes pasa por ligar los incrementos conforme se determine o puede venir determinado en el nuevo pliego de condiciones del contrato”.

El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado los trámites para rescindir el contrato que ata a Biobide a cumplir con la licitación que se concedió en 2019, con un montante de 500 millones de euros, para los siguientes diez años. Tras barajar diferentes salidas posibles, desde el Consistorio se ha optado por la “resolución por incumplimiento contractual no culpable”, lo que facilitará que la empresa no tenga que pagar una fianza de más de 20 millones de euros. Después de invalidar el contrato -lo que no ocurrirá antes de agosto-, se redactarán las nuevas cláusulas que, según fuentes del área, no recogerán ninguna especificación en materia de retribuciones. El convenio laboral se negociará exclusivamente entre trabajadores y empresa. Sin embargo, está previsto que el montante que se otorgue cada año a la ganadora de la licitación, que irá aumentando de forma gradual, recoja implícitamente las subidas salariales que tendrán los funcionarios.

Precisamente, este es uno de los puntos principales del preacuerdo -en el que se establecía una vigencia temporal hasta 2027- que han rechazado los trabajadores de Bilbobus en una votación ajustada. Según esta oferta, dependiendo de cómo quedara el IPC, la plantilla tendría un diferencial a favor de un 0,5%, si el IPC fuera superior a la subida que tuviesen los funcionarios, con un diferencial mínimo marcado del 0,7% para esos años. No obstante, tras rechazar estas condiciones, la plantilla ha amurallado sus pretensiones en relación al IPC, un condicionante que la empresa no está dispuesta a aceptar. Cabe recordar que los problemas comenzaron como consecuencia de que Biobide no pudiera asumir las nuevas subidas de IPC de 5,7% en 2022 y un 3,1% en 2023, después de que en 2021 ya efectuara un incremento del 8%. Es reseñable también que, tras estas subidas, y según la adjudicataria, el salario anual bruto de un conductor recién incorporado alcanza los 45.616 euros, mientras que el de un chófer con 14 años de antigüedad en el puesto llega a los 50.574 euros. 

A pesar de la salida planteada por el Consistorio para tratar de solucionar el conflicto de forma que la empresa no vuelva a estar en un aprieto y los trabajadores puedan recibir unos salarios dignos, el comité de empresa ha censurado que la referencialidad al IPC no es posible “por mandato expreso del Ayuntamiento”. Asimismo, desde el comité de trabajadores han criticado que la empresa, tras anular lo dispuesto en el preacuerdo -así se recoge en el acta-, “empeora aún más la anterior propuesta” en lo que respecta a las condiciones de los trabajadores. 

En la nueva propuesta, que recoge una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, la empresa ha reconocido las limitaciones para llegar a un consenso en materia de retribuciones tras el rechazo al preacuerdo. Sin embargo, ha mostrado su conformidad a llegar a acuerdos en lo referente a las fiestas no recuperables o a las pagas extraordinarias en situación de incapacidad temporal. La pelota para que el conflicto no se encalle en un punto muerto está ahora en el tejado de los trabajadores que, no estando conformes con las condiciones de Biobide, deberán comunicarse para solicitar una nueva convocatoria una vez tengan “propuestas consensuadas” sobre los temas concretos.