Un total de 565 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en el Estado español durante 2025, una cifra equivalente al 0,13 por ciento de los fallecimientos registrados en el país, es decir, una de cada 750 muertes, según los datos facilitados por las comunidades y ciudades autónomas.
Desde la entrada en vigor de la ley, hace cinco años, 1.668 personas han ejercido este derecho en el Estado. El balance provisional refleja también un aumento sostenido de las solicitudes: en total, se han registrado 3.716 solicitudes de ayuda para morir, 1.284 de ellas en 2025.
Estos datos provisionales de 2025 se han presentado este miércoles durante la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos', organizada por el Ministerio de Sanidad.
El balance provisional muestra diferencias entre las patologías que motivan las solicitudes iniciales y aquellas asociadas a las prestaciones finalmente realizadas. Aunque las patologías oncológicas concentran el mayor número de solicitudes iniciales, con el 37 por ciento del total, las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46 por ciento.
Así, entre las 1.284 solicitudes registradas, las patologías neurológicas representan el 31 por ciento, por detrás de las oncológicas. Sin embargo, esta distribución se invierte entre las personas que finalmente reciben la prestación: las enfermedades neurológicas ascienden al 46 por ciento, mientras que las patologías oncológicas se sitúan en torno al 30 por ciento.
En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubieran iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7 por ciento.
Más de 60 años
El 83,9 por ciento de las personas que recibieron la prestación tenían más de 60 años. Además, el 51 por ciento la recibió en un hospital y el 35 por ciento en sus domicilios, mientras que el 14 por ciento restante lo hizo en centros sociosanitarios. En el 98 por ciento de los casos fue administrada por un equipo sanitario.
Por su parte, un total de 374 procesos (el 31,5 %) acabaron con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación. En estos casos, el 61 por ciento correspondía a patologías oncológicas. La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.
Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días.
Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2 por ciento de los procesos finalizados. La mayoría de ellas, el 77 por ciento, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8 por ciento del total.
Respecto a la distribución territorial de las solicitudes, Catalunya registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61. Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Baleares, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.
Comparativa
En cuanto a la comparativa internacional, la prestación en el Estado se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con marcos legales similares. Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13 por ciento, en Países Bajos alcanza el 5,96 por ciento, en Canadá el 5,10 por ciento y en Bélgica el 4 por ciento. Esa diferencia también se refleja en el volumen de prestaciones: 565 en España en 2025, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.
Durante la jornada también se ha presentado el informe 'Percepción pública de la atención al final de la vida en España: evidencias, valores y desafíos éticos', elaborado por la Cátedra Younger Bioética Empírica (CYBE) y la Universidad de Granada. El trabajo ha explorado el conocimiento, las actitudes, experiencias y preferencias de la población española sobre las prácticas y contextos de final de vida.
Según los datos preliminares de esta encuesta, en la que han participado 1.637 personas, el 72,1 por ciento está de acuerdo con que la eutanasia debe ser un derecho, mientras que el 12,2 por ciento no lo está y el 15,8 por ciento no sabe o no contesta.
Asimismo, el 71 por ciento de la población considera que la vida no debe prolongarse mediante tratamientos de soporte vital cuando no exista cura posible. El 58,7 por ciento está de acuerdo con que la eutanasia debería permitirse en pacientes con demencia si la solicitaron previamente por escrito, aunque en el momento de aplicarla no comprendan su situación. Mientras que el 49 por ciento está a favor de que la eutanasia se permita en pacientes con enfermedades incurables, aunque les queden varios años de vida.
Ante la pregunta sobre qué alternativa preferirían para el final de su vida, la población prioriza la calidad frente a la cantidad de vida. La opción más elegida es morir sin dolor, seguida de morir en casa y morir consciente. En último lugar se sitúa vivir más tiempo como prioridad.
